La noticia de la apertura de causa penal c ontra Laínsa por los
vertidos realizados al torrente de Trebalúger, adelantada ayer por
este diario, fue recibida con cautela por los representantes del
GOB y del Ajuntament de Ferreries.
El presidente del grupo ecologista, Sergi Marí, lamentó ayer que
«las noticias sobre cuestiones medioambientales provengan, una vez
más, de los juzgados». «Preferiría que estos casos fuesen
excepcionales en Menorca. Siempre he defendido que el medio
ambiente debe ser un buen sustrato para hacer negocios rentables»,
expresó.
Sergi Marí no quiso entrar a valorar la actuación del fiscal de
Medi Ambient de Balears, Adrián Salazar, que ha dado lugar a la
apertura de la causa por parte del Juzgado de Ciutadella. «No vamos
a prejuzgar los hechos», indicó. «Sería ridículo que lo hiciéramos.
Ahora corresponde al juez hacer su labor».
El presidente del GOB explicó que «nos hemos limitado a jugar un
papel responsable como ciudadanos. Esperemos que la autoridad
judicial arroje luz sobre el caso. No puedo añadir nada más».
Igual de escueto se mostró el alcalde de Ferreries, Josep
Carreras. El primer edil del municipio recordó que «el Ajuntament
ya hizo su trabajo con la publicación del decreto de Alcaldía que
ordenó el cese de los vertidos». Carreras explicó que el
consistorio «no quiere entrar ni salir» en la decisión que ha
adoptado el Juzgado.
El alcalde destacó, no obstante, la buena voluntad demostrada
por la empresa después que trascendieran las denuncias del GOB y
comentó que el ingeniero de la empresa ha recibido la orden del
accionariado de adoptar las medidas correctoras para evitar que
este tipo de vertidos vuelvan a producirse.
Lavandería Insular SA (Laínsa) está participada por las empresas
Promoción y Desarrollo Turístico de Menorca (Protumesa), que tiene
el 60% de las acciones, y Sur Menorca SA(Surmensa), que retiene en
sus manos el 40%.
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