OTR PressMadrid21/10/03 0:00
TW
0

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ve indicios de delito en la actuación del presidente del Santander Central Hispano, Emilio Botín y del anterior copresidente, José María Amusátegui, y el ex consejero delegado, Angel Corcóstegui, por las altas indemnizaciones cobradas por estos últimos al salir del banco. En el auto, la juez llega a decir que «no se alcanza a comprender» las facultades de Botín para suscribir acuerdos en víspera de la fusión del Santander con el Central Hispano.

El pasado 16 de septiembre el fiscal había solicitado el sobreseimiento del caso. Al no aceptar su propuesta, la juez da diez días de plazo a las partes para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral (lo que previsiblemente hará la acusación), o pedir el archivo de la causa (lo que podría hacer la defensa de los tres imputados), sin perjuicio de que ambos puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias.

De la investigación se deduce «la presunta participación o intervención de los imputados en actuaciones presuntamente delictivas que cabría calificar indiciaria e inicialmente como supuesto delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal», afirma la juez Palacios. El auto de transformación supone la continuación de las diligencias del caso en el que se analiza la actuación de Botín, Amusátegui y Corcóstegui respecto a las indemnizaciones que percibieron los dos últimos en concepto de jubilación.

En el auto la juez Palacios afirma que los contratos firmados por Amusátegui y Corcóstegui burlaron las disposiciones estatutarias que regulan la retribución de consejeros de sociedades anónimas y que los acusados «han provocado unos acuerdos calificables de nulidad radical utilizando fondos de la entidad gestionada y no propietarios de ella para atenderlos contra un patrimonio del que carecen a estos efectos de facultad de disponer».