ETA ha pedido por primera vez en su historia, el tercer grado y la
libertad condicional para un grupo de 100 presos etarras a través
de sus abogados. Con este cambio de estrategia, la banda pretende
paliar la baja moral de sus reclusos y reducir la presión que, a
juicio de los terroristas, sufre este colectivo.
Esta medida, que pretende además tantear al nuevo juez de
Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Javier Gómez
Bermúdez, no es una iniciativa propia de los reclusos, sino una
propuesta adoptada por la dirección de la banda terrorista, que
hasta ahora, rechazaba que sus presos pidiesen la clasificación en
tercer grado.
Para poder acceder al tercer grado, los presos etarras, como
cualquier otro recluso, tienen que pedir perdón de manera explícita
a las víctimas y aceptar la responsabilidad civil derivada de sus
delitos en caso de ser condenados a ello por sentencia.
Las medidas que debe adoptar el juez para conceder al preso la
libertad condicional son que el recluso esté clasificado en tercer
grado, que tenga las tres cuartas partes de la condena cumplida y
un pronóstico favorable de reinsercción.
La banda terrorista intenta dar la sensación de que mima a sus
presos, en un momento de especial dificultad para el colectivo,
pues su moral se encuentra mermada después los éxitos policiales en
la lucha antiterrorista y el desmantelamiento de las estructuras
políticas y sociales del entorno etarra.
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