La querella se dirige, además de contra quienes decidieron sobre
el rumbo del 'Prestige', contra las personas vinculadas a la
propiedad, explotación y gobierno de la embarcación, es decir, la
empresa Mare Shipping, propietaria del buque; la empresa Universe
Maritiam, armadora; y a Apostolos Ioannis Mangouras, el
capitán.
La Plataforma no se ha olvidado de acusar a aquellas otras
personas que, desde la Administración, constituidos en gabinete de
crisis, decidieron el destino del petrolero desde el siniestro.
Así, ha involucrado a Arsenio Fernández de Mesa, delegado del
Gobierno en Galicia; Àngel de Real Abella, Capitán Marítimo de A
Coruña; y José Luis López Sors, director xeral de la Marina
Mercante, «sin prejuicio de la responsabilidad de otras personas
que puedan determinarse a lo largo de la instrucción».
El Comité Científico constituido para asesorar a la Comisión
Interministerial que gestiona la crisis del 'Prestige', aseguró
ayer que, después de haber sellado 17 de las fugas detectadas, el
flujo de petróleo se ha reducido a entre una y dos toneladas
diarias. Antes de comenzar las labores de sellado, la estimación
del flujo de fuel era de 125 toneladas diarias (10 de diciembre),
bajando a 80 toneladas diarias tras el sellado de las primeras
fugas (8 de enero).
De otra parte, la Capitanía Marítima de Tarragona, que depende
del Ministerio de Fomento, ha propuesto imponer una sanción de
30.000 euros al armador de los tres buques antifuel fletados por la
Generalitat para ayudar en la limpieza de las costas gallegas por
zarpar con unos certificados provisionales, según fuentes del
departamento de Pesca.
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