El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón preguntó ayer al
fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, si se debe actuar contra
los miembros de la mesa del Parlamento vasco que se negaron a
suspender el grupo parlamentario de Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako
Sozialista Abertzaleak (antigua Batasuna). Según informaron fuentes
jurídicas, una eventual acción penal por estos hechos se seguiría
sólo contra los miembros de este órgano parlamentario que
rechazaron aplicar el auto dictado por Garzón el pasado 26 de
agosto decretando la suspensión cautelar de actividades de la
formación abertzale, ya que en el acuerdo de la mesa figura el
sentido de voto de cada uno de sus integrantes.
Así, mientras que los representantes del PNV, EA e IU/EB, que
forman la mayoría de la mesa, acordaron el pasado 3 de octubre no
suspender el grupo de Batasuna al entender que el auto de Garzón
«menoscaba» la autonomía organizativa y de funcionamiento del
Parlamento, los del PP y del PSE-PSOE se pronunciaron por aplicar
la resolución judicial. Según las fuentes consultadas, que
recordaron que el artículo 118 de la constitución establece la
obligatoriedad del cumplimiento de las resoluciones judiciales, la
conducta de los parlamentarios vascos podría constituir un delito
de desobediencia grave a la autoridad judicial.
En este sentido, el artículo 410 del Código Penal dice que «las
autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a
dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales (...)
incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de
seis meses a dos años». Si la Fiscalía se decidiera por esta
alternativa, el órgano encargado de investigar estos hechos sería
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), dado el
carácter de aforados de los implicados y el hecho de que el delito
de desobediencia no es competencia de la Audiencia Nacional.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.