La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha admitido a
trámite la querella presentada por Rafael Pérez Escolar, condenado
por el 'caso Banesto' y accionista del Santander Central Hispano,
contra el presidente del banco, Emilio Botín, y el que fue
copresidente de la entidad hasta agosto de 2001, José María
Amusátegui, como presuntos autores de un delito societario. Se les
acusa de disponer «fraudulentamente» de 43'7 millones de euros, en
perjuicio de los accionistas, para indemnizar a Amusátegui cuando
renunció a la copresidencia antes de la fecha prevista.
El texto de la querella afirma que los 43'7 millones de euros
(7.280 millones de pesetas) percibidos por Amusátegui figuraban en
las cuentas anuales del SCH de 2001 en el subapartado «compromisos
por pensiones y otros seguros», por lo que compara este caso con el
de los planes de pensiones suscritos para los consejeros del BBVA
procedentes del Banco Bilbao Vizcaya que investiga el juez Baltasar
Garzón en el denominado 'caso BBV'.
La juez Palacios ha aceptado la competencia de la Audiencia
Nacional para investigar esta querella, al entender que el
perjuicio, «de haberse causado, se proyectaría en una generalidad
de personas, los accionistas del banco, pertenecientes al
territorio de más de una Audiencia y pudiendo ser los hechos
denunciados constitutivos de delito societario», según el auto.
La magistrada ordena como primeras diligencias solicitar al
Registro Mercantil un certificado de los Estatutos del banco y de
sus cuentas anuales, así como un informe de auditoría
correspondiente al ejercicio de 2001 y del acuerdo de fusión entre
el Banco de Santander y el Central Hispano Americano en 1999.
También pide información a la Inspección del Banco de España sobre
los hechos denunciados y al propio SCH le requiere certificación de
las actas de la Junta General de Accionistas en que se aprobaron
las cuentas de 2001.
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