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Batasuna trata de defenderse frente a las dos demandas de ilegalización planteadas en su contra por la Fiscalía General del Estado y el Gobierno central. Para ello, se personó ayer ante el Tribunal Supremo con los abogados Íñigo Iruin y Adolfo Araiz, este último condenado por el Tribunal Supremo en 1997 a 7 años de cárcel por colaboración con ETA, en una sentencia que fue anulada por el Constitucional en julio de 1999.

La procuradora de Batasuna, Ana Lobera, presentó el escrito de personación en el Tribunal Supremo ayer, último día hábil para comparecer en los procesos de ilegalización. La no personación hubiera impedido a la formación presentar recursos ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra una hipotética sentencia del Supremo que decrete su ilegalización.

En el escrito de personación, Batasuna pide al Supremo que le dé traslado de las demandas y de los documentos que las acompañan, e indica que la dirección letrada del partido correrá a cargo del abogado donostiarra Íñigo Iruin, ex diputado autonómico vasco y ex dirigente histórico de HB, y del letrado navarro Adolfo Araiz, que, junto a los otros 22 miembros de la entonces Mesa Nacional de HB, estuvo en la cárcel desde diciembre de 1997 a julio de 1999 por colaboración con banda armada.

El Supremo les consideró culpables de dicho delito por planear la difusión de un vídeo de ETA en los espacios electorales gratuitos que correspondían a HB en las elecciones generales de marzo de 1996. Sin embargo, el Constitucional anuló la condena, al entender que había sido desproporcionada. Precisamente, en la demanda de ilegalización del Gobierno contra Batasuna, se recoge la citada sentencia condenatoria del Supremo, y se afirma que el Constitucional se mostró de acuerdo con la doctrina sentada en la misma, aunque anuló la resolución por considerar infringido el principio de proporcionalidad de la pena.