Después de que el Parlamento vasco haya pospuesto la posibilidad de
querellarse ante Garzón a la espera de una rectificación del juez,
aún está pendiente la denuncia del Gobierno de Euskadi contra el
mismo magistrado por considerar «nulo de pleno derecho» el auto que
exige la suspensión de las actividades de Batasuna. El fiscal
general del Estado, Jesús Cardenal, dijo ayer que las medidas que
ha adoptado Garzón contra la plataforma abertzale «se ajustan a la
legalidad», por lo que dejó entrever que el Ministerio Fiscal se
opondrá a la admisión a trámite de la citada querella.
Cardenal señaló que cuando reciba la querella estudiará los
hechos que el Ejecutivo vasco imputa a Garzón, quien además es
aforado, e insistió en que es «imposible anticipar una opinión»
sobre la querella porque «son absolutamente desconocidos» los
hechos que se le imputan al juez de la Audiencia Nacional. «El
fiscal general del Estado normalmente habla con el mayor
conocimiento de causa posible y, en este caso, se trataría de
conocer los hechos que se le imputan a Garzón, y antes de
conocerlos es un poco aventurado lanzar una afirmación»,
recalcó.
Avanzó que si se ha interpuesto esa querella por el sumario de
ilegalización de Batasuna, el juez Garzón ha actuado «ajustandose a
la legalidad». Además el fiscal general reconoció que se expresó
con «cierta exageración» cuando, a raíz de la demanda presentada
por la Fiscalía General para la ilegalización de Batasuna, aseguró
que quería liberar a una parte de España «de los nazis de un
partido que se llama Batasuna». Añadió que sus comentarios
simplemente siguieron la terminología que había utilizado el
portavoz de la plataforma abertzale, Arnaldo Otegi.
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