PSOE, Izquierda Unida y la práctica totalidad de los partidos que
integran el Grupo Mixto (BNG, IC-V, ERC y CHA) presentaron ayer su
recurso contra el 'decretazo' ante el Tribunal Constitucional, al
que se pide amparo para los derechos sociales de los españoles, que
entienden vulnerados por la reforma de las prestaciones por
desempleo. El recurso se basa en motivos de fondo y forma,
argumentando que el Gobierno utilizó de forma indebida el Decreto
ley y que la eliminación de los salarios de tramitación supone un
grave retroceso en los derechos conquistados por los trabajadores.
El recurso del PSOE contra el 'decretazo' ha recibido el apoyo
de IU y el Grupo Mixto, sumándose a los que han presentado o tienen
intención de presentar los gobiernos autonómicos de Andalucía,
Asturias, Baleares y Extremadura, y a la ´cuestión de
inconstitucionalidad´ que planteó un magistrado de Badajoz ante sus
dificultades para aplicar la norma a un caso de despido.
Los socialistas consideran que las razones para recurrir son
amplias, fundamentadas y suficientes como para que el
Constitucional decida derogar total o parcialmente la reforma del
Gobierno. «Pedimos amparo en nombre de los derechos sociales de los
españoles porque ha habido un abuso legislativo, tanto de forma
como de fondo. De forma, porque se empleó un Decreto ley en lo que
fue un acto de retorsión para castigar a los sindicatos. Y de
fondo, porque este decreto rompe con el modelo consensuado de
protección social que ha regido en España en los últimos años»,
aseguró el portavoz del PSOE Jesús Caldera.
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, señaló que el
´decretazo´, al aprobarse como Decreto ley, «vulnera claramente la
capacidad legislativa del Parlamento» y supone un «retroceso de los
derechos conquistados por los trabajadores», como los salarios de
tramitación, los derechos de los trabajadores fijos discontinuos, o
el subsidio agrario. «El Gobierno ha preferido pasar página, pero
la sociedad española, las fuerzas políticas y los sindicatos tienen
una batalla abierta jurídica, social y política. El Gobierno tendrá
que avenirse a negociar», dijo.
El portavoz socialista en la Comisión de Política Social y
Empleo, Ramón Jáuregui, explicó que el recurso se articula en torno
a cuatro puntos. En primer lugar, el uso indebido de un Decreto ley
para aprobar una norma que no presenta las razones de urgencia y
excepcionalidad que justifican este instrumento legal. En segundo
lugar, los socialistas juzgan inconstitucional el marco del despido
que establece la reforma, al abaratarlo y acercarlo al despido
libre en algunos casos, con la eliminación de los llamados salarios
de tramitación. Los otros dos puntos del recurso giran en torno al
nuevo sistema de desempleo del régimen agrario que instaura la
norma del Gobierno.
El recurso coincide con los argumentos que los sindicatos
plantearon al Defensor del Pueblo, por lo que CCOO manifestó su
confianza en que éste decida interponer en nombre de los sindicatos
recurso de inconstitucionalidad contra la reforma. La respuesta del
Gobierno a la presentación del recurso por la izquierda
parlamentaria la dió el titular de Trabajo y Asuntos Sociales,
asegurando que es «una muestra más de la incoherencia y del vacío
que existe en las filas socialistas». Zaplana afirmó que no existe
base jurídica que soporte el recurso, porque el PSOE «demuestra su
intención de ponerse al frente de la manifestación sin argumentar
nada».
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