El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, denunció ayer
que el Gobierno, con el decreto ley que reforma la protección del
desempleo, convierte a los prejubilados en demandantes de empleo.
El decreto ley, que fue aprobado el pasado 24 de mayo, establece
que los prejubilados mayores de 52 años deberán firmar un
«compromiso de actividad» en las oficinas de Empleo por el que se
comprometen a buscar activamente una ocupación y a aceptar los
trabajos o cursos que se les oferte. Además, el decreto ley fija
que la indemnización por despido que recibe un prejubilado, así
como cualquier patrimonio, serán incompatibles con el subsidio.
Fuentes del Ministerio de Trabajo indicaron que la medida no
perjudicará a las personas mayores de 52 años que quieran volver a
trabajar, puesto que mejorarán la pensión que percibirán al
jubilarse.
Sin embargo, según explicó Ferrer, el «decretazo» del Gobierno
es un «instrumento de abaratamiento salarial y de subvenciones a
las empresas, porque una parte del subsidio se les va a retraer del
salario» a los prejubilados que se reincorporen al mercado de
trabajo.
Otro aspecto que criticó de la reforma es la incompatibilidad
entre la indemnización por despido y el subsidio de desempleo, ya
que para Ferrer es «un recorte de derechos». De acuerdo con los
cálculos de UGT, con la reforma del desempleo un millón de
prejubilados perderá el subsidio por paro por la consideración de
la indemnización como renta.
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