En un auto notificado ayer, la juez Teresa Palacios da por
concluida la instrucción del caso de las cesiones de crédito, e
insta a las partes personadas a que presenten su escrito de
acusación, lo que daría lugar a la apertura de juicio oral, o
soliciten el sobreseimiento de la causa.
En los delitos presuntamente cometidos con las cesiones de
crédito, la juez considera responsable, además de a Botín, al
antiguo consejero del Santander Rodrigo Echenique, al jefe de la
Asesoría Jurídica José Ignacio Uclés, al subdirector adjunto a la
dirección de sucursales, Lorenzo Solana, y al jefe central
contable, Ricardo Alonso Clavel.
La juez también considera que han podido incurrir en un delito
fiscal y falsedad todas aquellas personas que se prestaron a que se
utilizase su identidad en sustitución de los titulares verdaderos
de las cesiones de crédito que comercializó el antiguo banco
Santander.
Entre estas personas, la juez destaca a Alfonso Derqui Barranco,
a quien atribuye tres delitos fiscales y falsedad documental
continuada, y a Maria Salat Burzón, con dos delitos fiscales y
falsedad continuada.
Los contratos de «cesión de nuda propiedad de créditos» o
«cesión de créditos» que comercializó el grupo Santander entre los
años 1987 y 1991, a veces bajo titularidades falsas, permitió a los
clientes evitar el pago de las retenciones a Hacienda, que suponían
entre el 20 y el 25 por ciento del capital depositado.
Entre estos años, el Santander hizo cerca de decenas de miles de
operaciones, lo que causó un perjuicio a Hacienda, según afirma la
juez, de 145.120 millones de pesetas, procedentes de 9.566
operaciones en la que la titularidad del cliente estaba cambiada.
En el auto emitido por la juez, contra el que cabe recurso, se
afirma que, tras varios años de instrucción, se deduce que el banco
aseguraba a sus clientes esta opacidad a Hacienda para
comercializar el producto.
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