El Ministerio Público responde así al requerimiento que Garzón le
hizo en marzo para determinar si Batasuna podría ser declarada
responsable civil subsidiaria de los 18.227.636 euros en los que se
tasaron los daños causados por la violencia callejera. El argumento
del fiscal consiste en que Segi es una organización dependiente de
ETA y, por tanto «su responsabilidad patrimonial ha de ser cubierta
por las demás estructuras de la organización, entre las que se
cuenta HB-EH-Batasuna ya que la actividad desarrollada se produce
en el seno del funcionamiento de ETA y las relaciones de
complementariedad e interdependencia entre sus estructuras está
plenamente acreditada».
Molina explica que la jurisprudencia ha derivado en «un
ensanchamiento gradual del campo de responsabilidad» a la hora de
determinar la responsabilidad civil, hasta el extremo de exigir dos
circunstancias: que exista una relación de dependencia orgánica y
funcional o análoga entre el autor del delito y la organización, y
que el agente actúe dentro de las actividades propias de la
organización, aunque sea extralimitándose en ellas.
En este sentido, Molina reproduce documentos intervenidos en
1986, para probar cómo Jarrai "que al fusionarse con la francesa
Gazteriak dio lugar a Haika, a la que a su vez sustituyó Segi" se
financiaba de ETA. Posteriormente estableció sus propias vías de
autofinanciación.
El fiscal insiste en que «el control ejercido desde Ekin sobre
la 'kale borroka' y su ejecución por Jarrai-Haika no es ajeno al
carácter instrumental que esta última organización adquiere dentro
de ETA-Ekin». «Prueba de ello "afirma" son los daños provocados por
Segi en las jornadas de lucha como consecuencia del fallecimiento
de la etarra Olaia Castresana y las reuniones que miembros de Segi
mantienen con la parlamentaria de EH Araiz Zubimendi en la
organización de dicha convocatoria».
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