El ministro de Justicia, Angel Acebes, durante su intervención en
el Senado, hizo un llamamiento a los tres partidos del Gobierno
vasco, a los que reprochó su actitud contra la Ley de Partidos. Una
actitud que «no va a cambiar la opinión del 95% del Parlamento y no
va a confundir a los ciudadanos de bien, que saben perfectamente
dónde están unos y dónde están otros». De hecho, calificó la
oposición a la Ley, «no plantar cara a los asesinos», es «un error
histórico». El ministro se preguntó por los motivos por los que un
partido «que está sobradamente demostrado que da apoyo a los
terroristas» puede ser legal. La Ley, dijo, ofrece medios para
combatir «a quienes no respetan el derecho a la vida sin por ello
comprometer a quienes sin hacer caso de la violencia defienden
cualquier ideología política». La primera consecuencia será con
toda seguridad la ilegalización de Batasuna.
Como ya estaba anunciado, la mayoría que conforman PP y PSOE,
con el apoyo de CiU, CC y los senadores del PSC que forman parte de
la Entesa Catalana de Progrés, evitaron que se introdujera cambio
alguno en la Ley de Partidos durante su trámite en el Senado. Las
83 enmiendas que se presentaron fueron rechazadas. El PSC, además,
acató la decisión de su partido y votó a favor de la Ley. El
portavoz de la Entesa Catalana de Progrés, el senador socialista
catalán Isidre Molas, así lo anunció antes de la votación.
El más contundente en su argumento fue el senador del PNV,
Joseba Andoni Aurrekoetxea, que reivindicó su derecho a discrepar
de una Ley que se enmarca «dentro de la estrategia de aislamiento
de los nacionalistas» que defiende el PP. Según dijo, el Gobierno
sólo busca la ilegalización de una formación concreta, Batasuna,
con una «bochornosa» forma de gobernar que se basa en el eslogan
«conmigo o contra mí». Recordó además que la mayoría social del
País Vasco está en contra de la reforma y que hay vías judiciales
para castigar a los partidarios de ETA.
El senador por Balears Manuel Cámara, de IU, denunció la «falta
de oportunidad» de una medida que reforzará «el binomio
ETA-Batasuna». Carles Bonet, de ERC, defendió su propuesta de veto
en su nombre y en el de Marta Cid, la otra senadora del partido
catalán tachando la reforma de «vendetta política».
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