Las oficinas centrales de Gescartera, en la madrileña calle Moreto,
han sido desahuciadas por impago, motivo por el que funcionarios de
Justicia están trasladando desde el pasado martes todo el material,
entre ordenadores, papeles y archivos a unas dependencias del
Ministerio de Justicia en del distrito de Aluche, en Madrid, con el
objeto de que los peritos continúen con su labor de investigación,
según señalaron fuentes jurídicas.
Tras el traslado, que finalizará previsiblemente mañana, los
peritos nombrados por la jueza Teresa Palacios intentarán buscar
entre los miles de documentos de Gescartera los reflejos contables
de los más de 1.000 millones de pesetas que llegaron en metálico a
la agencia de valores procedentes de la sucursal de La Caixa en
Majadahonda (Madrid), según reveló ayer el apoderado y consejero de
Gescartera Francisco Javier Sierra de la Flor.
Según este imputado, el dinero que se recogía en La Caixa
mediante cheques firmados por él quedaba depositado en Gescartera
para realizar pagos a clientes. Sin embargo, la juez y el teniente
fiscal Anticorrupción, Luis López Sanz, desconfían de la existencia
de justificantes de estos pagos, además de que consideran «extraño»
que los hipotéticos rendimientos de las inversiones se pagaran en
metálico.
Mientras, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha sancionado a la
auditora Deloitte & Touch con unos 540.000 euros (90 millones
de pesetas) por infracción administrativa en su auditoría sobre las
cuentas de la agencia de valores Gescartera en el ejercicio 2000,
informaron en fuentes del sector de la auditoría.
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