El Gobierno de Aragón acordó ayer recurrir el Plan Hidrológico
Nacional (PHN) ante el Tribunal Constitucional y medio centenar de
organizaciones políticas y sociales anunciaron la presentación de
una queja en Bruselas. En una reunión extraordinaria, el Ejecutivo
aragonés acordó encargar a sus servicios jurídicos una serie de
medidas contra la Ley del PHN, aprobada definitivamente el
miércoles por el Senado y a la espera de su publicación en el BOE
para la entrada en vigor.
Además, el Gobierno aragonés creará un grupo de trabajo
«antitrasvase», integrado por juristas, ingenieros de caminos y
agrónomos, expertos en ordenación del territorio y medio
ambientalistas, para «vigilar día a día todo lo que se haga en
todas las instancias en relación con el PHN, explicó el
vicepresidente aragonés José Angel Biel.
Aragón considera que «la expropiación injusta» de lo que
significa para Aragón el trasvase de Ebro de 1.050 hectómetros
cúbicos limita su futuro» y porque el desarrollo de la región «no
se puede limitar al Pacto del Agua» de Aragón. El Gobierno aragonés
también se plantea presentar una queja o denuncia ante la Comisión
Europea por las contradicciones que, a su juicio, existen entre el
PHN y la directiva del Parlamento Europeo.
En este sentido, medio centenar de organizaciones políticas,
sindicales y ecologistas anunciaron que presentarán de forma
conjunta una queja ante la Comisión Europea contra el PHN, «en el
momento de su publicación en el BOE», porque incumple el derecho
comunitario, especialmente las directivas de aguas, aves y
hábitats.
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