De esta forma se pone fin a una negociación que tuvo como principal
escollo el sistema de elección de los vocales del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ), que, finalmente, será una fórmula mixta.
El Parlamento elegirá a doce de los vocales a propuesta de los
propios jueces, y a los ocho restantes sin propuesta previa. El
ministro de Justicia, Àngel Acebes, aseguró que el acuerdo cuenta
con el total apoyo de CiU y CC. Por su parte, IU y PNV ya han
anunciado que no se sumarán al pacto.
El propio Acebes, por parte del Gobierno, el secretario de
Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico del PSOE, Juan Fernando
López Aguilar, y el portavoz parlamentario del PP, Luis de Grandes,
fueron los encargados de firmar el pacto de Estado para la reforma
de la Justicia. Se trata del segundo gran pacto que suscriben estas
tres partes, después del 'Acuerdo por las libertades y contra el
terrorismo' que rubricaron en diciembre del año pasado los
secretarios generales de ambos partidos, José Luis Rodríguez
Zapatero y Javier Arenas, y el presidente del Gobierno, José María
Aznar.
El acuerdo ha sido posible gracias al acuerdo logrado con
respecto a la elección de los miembros del CGPJ. Mientras el PSOE
defendía el actual modelo parlamentario, el Gobierno apostó por la
elección de los representantes judiciales por los propios
magistrados. Finalmente, se acordó una fórmula mixta. Las
asociaciones de jueces propondrán un máximo de 36 candidatos, de
los cuales el Congreso y el Senado escogerán doce. Los ocho
miembros restantes del Consejo serán elegidos por el Parlamento,
sin propuesta previa. Los firmantes del pacto pretenden que el
nuevo modelo pueda ser aplicado en la renovación del Consejo, que
tendrá lugar en el mes de julio.
Tanto Acebes como López Aguilar aseguraron que este sistema
cumple el objetivo de despolitización del máximo órgano judicial
que se marcaron ambas partes a la hora de iniciar las
negociaciones. Gobierno y PSOE consideran que la reforma se ha
hecho pensando en el ciudadano, ya que el propósito de esta
reforma, que tendrá un coste aproximado de 250.000 millones de
pesetas adicionales a los Presupuestos ordinarios, es lograr un
servicio público rápido, eficaz y de calidad, en el plazo de dos
legislaturas.
La reforma no se refiere de forma concreta a la limitación de
mandatos de los jueces en la Audiencia Nacional, aunque sí se
recoge el compromiso de reflexionar sobre el tiempo de permanencia
en determinados juzgados especializados. Según Acebes, esto
incluiría a los magistrados de la Audiencia Nacional, para «evitar
abusos de poder, los sumarios pilotados y el estrellato de los
jueces», tal y como precisó López Aguilar. Según el Ministerio de
Justicia, es el primer acuerdo en la democracia española que
alcanzan Gobierno y oposición para mejorar y modernizar la
justicia.
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