El Gobierno anunció ayer por medio de su portavoz, Pío Cabanillas,
que presentará en los próximos días un recurso contra la sentencia
de la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial de los
funcionarios en 1997 y obliga al Ejecutivo a compensar a los
empleados públicos por las cantidades que dejaron de cobrar. El
vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato,
aseguró que el recurso paralizará la ejecución inminente de la
sentencia, a la vez que pronosticó que el proceso acabará en el
Tribunal Supremo.
Desde la oposición, el PSOE anunció que se producirán multitud
de recursos si el Ejecutivo traspasa la compensación de los
funcionarios a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Según
Cabanillas, la sentencia niega la capacidad normativa del
Parlamento y el carácter vinculante de la Ley General
Presupuestaria. «Esta decisión le dice a las Cortes: ustedes no
tienen la capacidad normativa decisoria en materia de presupuestos,
y al Gobierno le está diciendo que incumpla la Ley de
Presupuestos», manifestó.
El portavoz del Gobierno arremetió contra la oposición, cuya
actitud tachó de «demagógica, oportunista y sorprendente». Así,
recordó la «práctica quiebra» de la Seguridad Social que había en
1997, el déficit público, los niveles de paro y la voluntad de
España de entrar en la Europa del euro, a la vez que resaltó que el
propio PSOE ya había realizado una congelación salarial a los
funcionarios anteriormente.
En el mismo sentido, respecto a la propuesta del secretario
general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, de establecer una
serie de plazos para pagar a los funcionarios, dijo que no es
momento de hablar de cuando hay que pagar sino de cuándo hay que
empezar a ser un poco más responsable en las manifestaciones. En la
misma línea, El vicepresidente consideró «legítimo» que los
funcionarios y los sindicatos defiendan sus intereses pero insistió
en que durante la pasada legislatura los empleados públicos no
perdieron poder adquisitivo.
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