El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó ayer en Toledo
que sea cual sea el coste de ejecución de la sentencia de la
Audiencia Nacional, que anula la congelación salarial aplicada por
el PP a los funcionarios en 1997, tendrá que ser sufragada por los
contribuyentes a través de los impuestos. Montoro eludió
pronunciarse sobre la cuantía económica que debería pagar el Estado
a los trabajadores públicos, porque no dan «por cerrado el
proceso».
No obstante, resaltó que la cifra, «sea cual sea», la van a
pagar los contribuyentes. Según las primeras estimaciones
sindicales, el coste supondrá medio billón de pesetas. Según dijo
el titular de Hacienda, se da la impresión de que este coste «lo va
a pagar el Estado, pero el Estado somos todos», y el dinero, por
tanto, «tendrá que salir de los contribuyentes españoles a través
de sus impuestos».
En este sentido, recalcó que «los fondos no los tiene la
Administración central sino los ciudadanos en los bolsillos». El
Gobierno lo que hace, agregó, es recaudar de los contribuyentes «y,
por tanto, habrá que pedir a los contribuyentes el dinero
correspondiente a través de los mecanismos pertinentes», dijo.
Montoro insistió en que el Gobierno presentará un recurso de
casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la
congelación salarial de 1997 porque entiende que, con independencia
de su repercusión económica, supone «una severa restricción de la
capacidad legislativa de las Cortes». Indicó que, ante la
«trascendencia del pronunciamiento jurisdiccional», los servicios
jurídicos del Gobierno están elaborando un recurso de casación, al
entender que «la sentencia trasciende de una cuestión de personal».
Según dijo, «no se está hablando de una relación laboral sino de
una restricción a la capacidad legislativa de las Cortes».
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