Las ponentes del Congreso de PSOE e IU en la reforma de la ley de
extranjería, Consuelo Rumí y Francisco Frutos, pidieron ayer al
Gobierno que sea flexible en la aplicación de la reforma de la
legislación, que hoy entra en vigor. Mientras, ONG de solidaridad
como Sos Racismo y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
manifestaron en sendos comunicados que mantendrán una resistencia
activa ante la reforma de la ley. «Mañana -hoy para nuestros
lectores- entra en vigor esta desafortunada ley que no va a dar
respuesta a las necesidades de España», dijo Rumí.
La responsable socialista de Política Social e Inmigración
subrayó, en cualquier caso, que la ley no agota la ausencia de
política migratoria. En este sentido, reprochó al Gobierno «no sólo
no consensuar la reforma de la ley o el Programa Greco, sino
mantener un silencio sepulcral sobre el reglamento de la nueva
legislación». Por ello, exige al Ejecutivo que reflexione con
sensatez y serenidad pongan los medios para consensuar el
reglamento y no neutralice con él las mejoras introducidas en el
texto legislativo por los grupos parlamentarios. Además, señaló que
mañana miércoles pedirán en la Diputación Permanente del Congreso
la comparecencia de los ministros de Interior y Trabajo, Jaime
Mayor Oreja y Juan Carlos Aparicio, respectivamente.
Por su parte, Francisco Frutos, que auguró que hoy «será un mal
día», pidió que el proceso de regularización que culminó el pasado
verano, y que calificó de «irregular», se convierta en un proceso
gradual. «El Gobierno tiene que dar una solución a estos
trabajadores y regularizarlos», dijo. La nueva ley de extranjería
limita los derechos de los inmigrantes que estén en situación
irregular y pretende facilitar su expulsión, aunque deja en una
situación incierta a una bolsa de personas que la organización la
Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME)
estima en 130.000. En opinión de los portavoces de esta ONG, es
necesario que el Gobierno lleve a cabo un nuevo proceso de
regularización.
Los inmigrantes que no tengan su situación en regla no tendrán
las cosas fáciles a partir de hoy. El documento contempla la
posibilidad de expulsar del país a las personas que se encuentren
en España sin documentación o por estar trabajando sin
autorización. Ante estos supuestos, se puede expulsar a los
extranjeros sin papeles de forma preferente, en 48 horas.
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