El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Javier Balza,
compareció ante la comisión correspondiente del Parlamento Vasco a
petición del PSE-EE, que pidió su opinión sobre las consideraciones
de la memoria judicial de 1999 del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco en cuanto a las medidas de seguridad de jueces y
magistrados. El consejero explicó que después de que el Cuerpo
Nacional de Policía desarticulara el pasado 3 de enero el comando
Vizcaya de ETA, el Ministerio del Interior informó directamente a
los jueces y magistrados de que figuraban en la documentación de
este grupo como posibles objetivos, pero sin darlo a conocer a la
Ertzaintza, encargada de prestar la protección.
Estos jueces, según relató el consejero, se pusieron
inmediatamente en contacto con el Departamento de Interior del
Gobierno Vasco que organizó un dispositivo de seguridad personal
para todos durante quince días, sin saber el grado de concreción de
la amenaza, dado que, según el consejero, el Ministerio no facilitó
la citada información al Departamento.
Balza aseguró que la información incautada al Comando Vizcaya en
1999 tardó alrededor de 15 días en llegar hasta el Departamento que
dirige desde el Ministerio de Interior. Fuentes del Ministerio del
Interior señalaron que Mayor Oreja sólo hablará sobre asuntos de
seguridad con el consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier
Balza, en privado. Las fuentes indicaron que el ministro «tiene por
norma no polemizar en público sobre asuntos de seguridad con
responsables de Interior de las comunidades autónomas».
De otra parte, el Gobierno Vasco, a través de su portavoz, Josu
Jon Imaz, consideró «intolerable» que el presidente del Gobierno,
José María Aznar, acuse a las instituciones vascas de «dejar
indefensa a una parte de la ciudadanía», justo cuando la Ertzaintza
«está garantizando la libertad y la seguridad de los ciudadanos
vascos».
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