El 'caso Pinochet' cambia para siempre el Derecho Internacional

O, como afirmó ayer en la Cámara de los Comunes el ministro del Interior británico, Jack Straw, tras ordenar la puesta en libertad del general, el caso «ha establecido, más allá de cualquier duda, el principio de que los violadores de los derechos humanos en un país ya no pueden asumir que estarán a salvo en otro».

«Este será el legado eterno de este caso» enrevesado y sin precedentes que comenzó con la detención del general en Londres el 16 de octubre de 1998.
El gran hito en el proceso se produjo el 24 de marzo de 1999, cuando un comité judicial de la Cámara de los Lores estableció por mayoría de seis a uno que los antiguos jefes de Estado no pueden alegar inmunidad por los delitos perpetrados mientras se encontraban en el poder. Esta sentencia, que contará como precedente en posibles casos similares en otros países del mundo, representa un giro en los principios del Derecho Internacional, que han cambiado gradualmente de la no injerencia en los asuntos internos a la primacía de los derechos humanos por encima de las fronteras nacionales. El caso era especialmente difícil por cuanto carecía de antecedentes, como reconoció Straw al recordar en los Comunes que «tanto los tribunales como yo hemos tenido que navegar por territorio inexplorado».

El caso se centró en la cuestión de si Pinochet tenía inmunidad como antiguo jefe de Estado ante una serie de violaciones de los derechos humanos perpetrados durante su dictadura (1973-1990). Finalmente, los lores decidieron que el general no gozaba de inmunidad y podía ser procesado, pero sólo por los delitos perpetrados después del 8 de diciembre de 1988, fecha en la que la Convención Internacional contra la Tortura se convirtió en vinculante para Chile, España y el Reino Unido.