El Pleno del Consejo General del Poder Judicial estableció ayer por
unanimidad que Javier Gómez de Liaño ha perdido definitivamente su
condición de juez, al acordar ejecutar la sentencia condenatoria
del Tribunal Supremo «en sus propios términos». Así lo anunció el
portavoz del Consejo, Benigno Varela, quien explicó que un eventual
indulto podría permitir la reincorporación de Liaño a la carrera
judicial. En ese sentido, la ministra de Justicia, Margarita
Mariscal de Gante, afirmó que el Gobierno todavía no ha fijado
fecha para el estudio, en Consejo de Ministros, de la petición de
indulto del magistrado y recordó que el Gobierno ejerce el derecho
de gracia «en casos bastante notorios».
El Consejo no entró a considerar si «la pérdida definitiva del
cargo» que establece expresamente la sentencia para Liaño supone su
expulsión de la carrera o, por el contrario, si podría ser
rehabilitado como juez, sin tener que hacer la oposición, cuando
cumpla la condena de 15 años de inhabilitación especial.
Varela reconoció que para una parte de los vocales del Consejo y
de la Doctrina Liaño ha sido expulsado, mientras que otros piensan
que podría ser rehabilitado tras cumplir su condena de
inhabilitación. Añadió que si el Gobierno concede un indulto total
a Liaño, ello podría suponer también su reincorporación a la
carrera judicial.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial «comparte la
preocupación» de los magistrados de la sala de lo penal del
Tribunal Supremo por las «descalificaciones personales» recibidas a
causa de la sentencia condenatoria, dijo su portavoz.
Gómez de Liaño mostró su indignación por no haber recibido aún
el acuerdo del Poder Judicial sobre la ejecución de la sentencia el
mismo ya ha sido explicado a los medios de comunicación por el
portavoz de este órgano, por lo que pedirá una aclaración.
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