El Poder Judicial sale en defensa de los magistrados del «caso Gómez de Liaño»

La declaración, que leyó el portavoz del Consejo, Benigno Varela, señala que «el Pleno del del Poder Judicial, ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación en relación con una reciente sentencia del Supremo, estima necesario manifestar a la opinión pública que, siendo legítima la crítica de las decisiones judiciales, no lo son los juicios y opiniones que implican descalificaciones y juicios de intenciones sobre los integrantes de los tribunales de justicia». Según añade la declaración, estos juicios y opiniones «no sólo representan un grave atentado contra el honor de las personas, sino que contribuyen a deslegitimar la actuación de los tribunales y a introducir, implícita o explícitamente, condicionamientos inaceptables para su independencia».

Los cinco vocales del Consejo que votaron en contra de la aprobación de esta declaración fueron el propio Benigno Varela, Margarita Retuerto, Enrique Arnaldo y Francisco Monterde.

Varela explicó que votó en contra porque entiende que no procedía emitir este comunicado, ya que, pese a que comparte que algunas de las críticas a la sentencia han rozado la descalificación personal, ninguno de los tres magistrados del Supremo que dictaron la sentencia han pedido amparo al Consejo por considerar perturbada su independencia.

Además, añadió que los tres jueces aludidos tienen los medios legales que pone el Código Penal a su alcance para emprender acciones si se consideran agraviados. Explicó que los vocales que pusieron sobre la mesa la iniciativa, junto a la mayoría del Consejo que votó su aprobación, sí han entendido necesario hacer pública una declaración por estimar que las críticas herían la dignidad y el prestigio de los magistrados que dictaron la sentencia, que contó con el voto particular de Martínez Pereda. Asimismo, explicó que la declaración no suponía que el Consejo conceda el amparo a los magistrados del Supremo citados, ya que ello se otorga sólo cuando media una petición de los afectados. En este caso, el Pleno del CGPJ ha hecho uso de su potestad para emitir declaraciones en defensa de la independencia judicial.