La comisión de investigación de las ayudas al cultivo del lino
aprobó ayer, con los votos de PP, CiU y CC, unas conclusiones que
exculpan de responsabilidad a la ex ministra Loyola de Palacio y
afirman que no hubo una trama organizada ni uso de información
privilegiada por parte de altos cargos del Ministerio.
Estas conclusiones se aprobaron con la oposición del resto de
los grupos de la Cámara, que defenderán en septiembre ante el Pleno
del Congreso unos votos particulares, en los que sostienen que De
Palacio es políticamente responsable de las irregularidades «por
acción y omisión».
En el documento aprobado ayer se asegura que De Palacio propició
en la UE reformas legales para evitar la especulación con las
ayudas al lino y se afirma que la actividad de los cultivadores de
lino familiares de altos cargos del Ministerio es «absolutamente
legítima».
Sin embargo, a instancias de CiU, se pide a la Inspección
General de Servicios de la Administración que examine la situación
del delegado del Gobierno en Castilla La Mancha, Carlos Moro, ante
la posibilidad de que sea incompatible el desempeño de sus
funciones con sus negocios en el sector agrario.
El portavoz del PP en la comisión, Jaime Ignacio del Burgo,
concluyó que se han demostrado como falsas las imputaciones
«injuriosas y calumniosas» del presidente de Castilla-La Mancha,
José Bono, y, tras insistir en que «no ha habido nada de nada»,
dijo que Bono «tiene una responsabilidad política evidente al
lanzar esta patraña a sabiendas de que era falsa».
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