La banda terrorista ETA confirmó ayer mediante un comunicado
fechado en junio de 1999 y enviado a Radio Euskadi que mantuvo una
reunión con interlocutores del Gobierno después de que el propio
Ejecutivo le hubiese propuesto el mantenimiento de un contacto
directo.
«Mediante esta nota, "comienza el comunicado" ETA quiere dar a
conocer a la sociedad vasca que ha tenido un contacto directo
reciente con el Gobierno español». La organización armada asegura
que en el proceso político abierto «el Gobierno le propuso a ETA un
contacto directo, y después de unas comunicaciones por escrito se
ha realizado ese contacto». ETA explica que su planteamiento
durante la reunión fue el de preguntar a los interlocutores del
Gobierno por su «voluntad de respetar y de jugar democráticamente»
en el proceso de paz, y subraya que su intención es la de «proteger
este proceso y conseguir que sea respetado».
Explica asimismo que en esta reunión transmitió la «propuesta de
paz que se dio a conocer en abril de 1995». «Los puntos de partida
"en esta reunión" han sido claros, por parte de ETA planteando la
necesidad de respetar el proceso político iniciado y la palabra de
Euskal Herria y, por parte del Gobierno rechazando esta
posibilidad», añade la nota. La organización terrorista define este
primer encuentro como un «intercambio de opiniones» entre ETA y el
Estado, cuyas conclusiones sientan las bases «para continuar en el
futuro y a la espera de resultados concretos cuya evolución está
por ver.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja,
señaló que los contactos con ETA son de carácter «exploratorio e
indagatorio» y reiteró que «no habrá negociación política con
aquellos que han estado matando durante estos años». De esta
manero, insistía en que el ejecutivo no ha cambiado su política
respecto a los violentos y que la reunión con el jefe político de
ETA demuestra que el gobierno «ha asumido su responsabilidad».
Para Mayor Oreja, los contactos con miembros de la cúpula de ETA
están totalmente abiertos y explicó que se han hecho públicos por
el deseo del presidente del Gobierno, José María Aznar, de acabar
con «especulaciones que se estaban empezando a producir» y para
evitar que «otros hubieran protagonizado» el anuncio de diálogo de
no haberlo hecho Aznar y que esta circunstancia sea utilizada por
«quienes no deben».
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