Sin el beneplácito de todos los sectores, el Consejo de Ministros
dio ayer luz verde al plan de empleo para 1999, al que se
destinarán 1'5 billones y que prevé actuaciones para 1'1 millones
de parados. El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, explicó que
éste es «coherente con el conjunto de las políticas económicas» del
Gobierno.
Pimentel indicó que, efectivamente, este documento no ha sido
negociado con los agentes sociales, sino que ha sido objeto de
consultas, y destacó que «muchas de las medidas que sí se
contemplan en él son fruto del diálogo social, como las de
estabilidad en el empleo o la formación profesional».
En ese sentido, sostuvo que la falta de acuerdo con los agentes
sociales viene más por lo que no pone en el texto que por las
medidas que incluye. Mientras la patronal pide una rebaja
generalizada de las cuotas sociales, «cuando el plan indica una
rebaja selectiva para aquellos empresarios que creen empleo
estable», en el caso de los sindicatos hay dos peticiones que no
vienen recogidas, como es la ley que establezca la jornada laboral
en 35 horas semanales y el incremento de los subsidios.
Pimentel explicó que las pretensiones de este plan son
«potenciar el crecimiento económico dentro de estabilidad»,
«trasladar ese crecimiento al empleo, sobre todo a través del
diálogo social» y, «en tercer lugar, a través de políticas activas,
ayudar a encontrar un empleo a los colectivos con dificultades.
Las novedades más importantes que se introducen son el
denominado 'compromiso voluntario de actividad' por el que los
parados podrán acceder a un circuito de formación y empleo, así
como la movilidad geográfica, punto que será negociado por
sindicatos y empresarios y afectará tanto a los trabajadores en
paro como a los que tienen empleo.
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