La Fiscalía Anticorrupción hizo pública ayer su Memoria de 1998 en
la que aboga por tipificar como delito la financiación ilegal de
las formaciones políticas. A su juicio, la Ley de Financiación de
los Partidos Políticos «ha favorecido toda clase de abusos que, en
ocasiones, no han podido ser detectados ni corregidos por los
mecanismos legalmente previstos».
Sobre este informe, se pronunció el portavoz del Gobierno, Josep
Piqué, quien, pese a asegurar que lo desconoce, reconoció que debe
«evitarse que cualquier mecanismo de financiación pudiera hacer
sospechar que es posible incidir sobre las posiciones de los
partidos políticos en determinados temas».
La memoria , señala que «entre las penas que podrían concebirse,
además de las privativas de libertad o inhabilitación para el cargo
público obtenido por medio de la financiación ilegal, especialmente
si ésta ha derivado en perjuicio para el patrimonio público». Para
la Fiscalía, la sanción de multa que la Ley contempla para el
incumplimiento de la normativa de financiación de los partidos no
es «nada efectiva ni disuasoria, además de que ha resultado
prácticamente inoperante».
En su memoria, la Fiscalía es muy dura con la Ley de
Financiación de los Partidos Políticos, ya que considera que «ha
favorecido toda clase de abusos que, en ocasiones, no han podido
ser detectados ni corregidos por los mecanismos legalmente
previstos de control interno del partido y de control externo
confiado al Tribunal de Cuentas».
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