El presidente de Chile, Eduardo Frei, atribuyó ayer a una falta de
«responsabilidad política» la decisión del ministro del Interior
británico, Jack Straw, de autorizar la continuidad del proceso de
extradición a España del general Augusto Pinochet. «El señor Straw
no ha querido asumir la responsabilidad política de responder a la
clara indicación de los Lores en el sentido de reconsiderar su
decisión», declaró Frei.
El Gobierno chileno cuestionó la decisión de Straw, pero al
mismo tiempo descartó la adopción de represalias políticas contra
los Gobiernos de Londres o Madrid.
El dictamen del ministro Straw provocó en Chile las reacciones
esperadas entre los partidarios y los detractores de Pinochet,
frustración e ira entre los primeros, preocupación en las filas de
la coalición gobernante y regocijo entre los familiares de las
víctimas del régimen militar, para quienes «se ha dado un paso más
hacia la verdad y la justicia». Los partidos de la derecha culparon
al Gobierno de Frei de este nuevo fracaso en Londres.
«Estamos extremadamente satisfechos de que Jack Straw haya
reconocido que un solo caso de tortura ya es demasiado y constituye
un crimen por el que el general Pinochet debe ser juzgado», afirmó
Brendan Paddy, de Amnistía Internacional, que ha luchado durante
meses por la extradición del general. «Este es el día que las
víctimas de Pinochet han estado esperando durante 25 años», afirmó
por su parte Reed Brody de Derechos Humanos. Para la diputada
Isabel Allende, hija del presidente asesinado Salvador Allende,
estimó que la decisión supone que «el principio de la Justicia se
ha respetado». Allende aseguró haber acogido la noticia «con
serenidad y con gran satisfacción», y que «en alguna medida» ya la
esperaba.
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