Parlamentarios del PNV, EA y EH hablan en un receso de la reunión de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco.

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El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite la demanda formulada por el Gobierno de Aznar contra el acuerdo del Parlamento vasco por el que autorizó a la autodenominada Asamblea Kurda en el exilio a celebrar sesiones en la Cámara de Vitoria. La decisión lleva aparejada la suspensión del acuerdo recurrido, aunque el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. El Parlamento vasco ya ha anunciado que presentará un escrito de alegaciones una vez recibida la decisión. El Constitucional informó en una escueta nota que la admisión a trámite del recurso del Gobierno ha producido «el consiguiente efecto suspensivo legalmente previsto».

El pasado 9 de febrero, la Mesa del Parlamento vasco acordó con los votos de las formaciones nacionalistas ceder las instalaciones de la Cámara de Vitoria en el mes de julio a la Asamblea kurda. En un principio, el Parlamento del Kurdistán en el exilio había solicitado que las sesiones se realizaran en mayo, pero la Mesa de la Cámara vasca estimó que sería difícil compatibilizar el trabajo parlamentario con la realización de las sesiones de trabajo kurdas.

La decisión del Parlamento autonómico provocó de inmediato las duras críticas del Gobierno, que advirtió que «con la ley en la mano» haría todo lo posible para evitar que la cesión tuviese lugar. Dicho y hecho. El pasado 5 de abril, el Gobierno presentó ante el Constitucional el conflicto positivo de competencias, anunciado en el Consejo de Ministros del pasado 18 de marzo, contra tal decisión.