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La comparecencia ayer del presidente del Gobierno, José María Aznar, ante el Congreso para explicar los resultados del Consejo Europeo de Berlín abrió nuevamente el debate entre el Ejecutivo y la oposición en lo que a los logros de financiación europea para el próximo periodo 2000-2006.

Mientras que Aznar calificó de «globalmente equilibrado» el acuerdo sobre el contenido de la Agenda 2000, la oposición le acusó de «falsear la realidad», habiendo manipulado «las cifras y los hechos». Entretanto, IU definió la Cumbre de Berlín como «la pelea de los pobres por la calderilla», insistiendo en que el problema es la moneda única, mientras que el PP y sus socios nacionalistas valoraron positivamente el resultado financiero.

Aznar resaltó que España ha conseguido un saldo neto para el próximo septenio que supera en un 10'7 por ciento al obtenido para el periodo 1993-99, "8'3 billones de pesetas, a razón de 1'2 billones por año", ante un contexto de «peticiones generalizadas de recortes presupuestarios».

Pero Borrell le acusó de utilizar «la burda trampa aritmética que consiste en comparar la media del periodo anterior con lo que se percibirá en el futuro».

Mientras que Aznar resaltó que España ha obtenido un saldo neto positivo de unos 8'3 billones de pesetas, «una peseta más, por cada diez pesetas actuales de saldo positivo», Borrell explicó que la lectura dada por el Gobierno pone de manifiesto la «capacidad de mixtificación» del Ejecutivo y supone un «insulto a la inteligencia» de los ciudadanos cuando se les dice que «se está subiendo cuando, en realidad, se está bajando», mediante lo que calificó de una «campaña de propaganda».

Nuestro país, según explicó el presidente, recibirá 9'5 billones de pesetas en fondos de cohesión y estructurales en el nuevo septenio. Esta cantidad se incrementaría hasta los 59.000 millones de tenerse en cuanta el desarrollo rural que, a diferencia de lo ocurrido con anterioridad, aparece recogido en el marco financiero en la rúbrica destinada al gasto agrícola. Esto supone un incremento del gasto estructural de un 5'6 respecto a lo aprobado en Edimburgo.