Siete lores presiden desde ayer la nueva vista de apelación sobre
la inmunidad soberana del general retirado Augusto Pinochet, a cuya
primera sesión asistió el juez español Baltasar Garzón, que emitió
la orden de detención con fines de extradición. En su nombre, y en
el de la justicia española en general, el representante del
servicio de la Fiscalía de la Corona dedicó las dos horas que duró
la audiencia a intentar demostrar a la máxima instancia judicial
británica, que los delitos por lo que Garzón formuló su demanda,
formalizada por el Gobierno de España, son extraditables según la
ley británica.
La expectación despertada por la presencia ayer del juez Garzón
en la vista que celebra la Cámara de los Lores encontró una
respuesta limitada a la imagen gráfica. Garzón tradujo varios
párrafos de su escrito a Jones y poco menos.
Artículos de Leyes, Convenciones sobre inmunidad, extradición,
tortura, secuestro y conspiración que ya habían sido utilizados
judicialmente desde el comienzo del caso, fueron de nuevo manejados
ayer por Jones para insistir ante los jueces lores que se les pide
reconozcan que las acusaciones formuladas contra Pinochet por
España, se consideran actos criminales extraditables por el Reino
Unido.
Jones persiguió legalmente dejar claro que los intentos de
extraditar al general chileno «no son un ejercicio aislado de un
solo magistrado» ya que la jurisdicción para el caso se vio
confirmada por la Audiencia Nacional española. El fiscal resaltó
que las investigaciones emprendidas por Garzón comenzaron «no como
un intento oficioso de interferir en los asuntos de otro país, sino
porque los familiares de los 'desaparecidos' lo pidieron».
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