El juez Baltasar Garzón, que investiga los crímenes cometidos
durante los regímenes militares de Chile y Argentina (1973-1990),
procesó ayer al general Augusto Pinochet por genocidio, terrorismo
y torturas en un auto en el que estima hubo unas 450.000 víctimas.
El magistrado de la Audiencia Nacional adopta esta decisión en
una resolución de 285 folios en la que ratifica la situación de
prisión provisional e incondicional del general chileno y la orden
para que se embarguen sus cuentas en países como Suiza y
Luxemburgo.
Pinochet está detenido en Londres por orden de Garzón, a la
espera de que las autoridades del Reino Unido decidan si le
extraditan a España, proceso que se demorará varios meses.
Según Garzón, por la aplicación del derecho de autoamnistía,
Pinochet no será enjuiciado en Chile, por lo que debe ser juzgado
en España o en Gran Bretaña.
Garzón explica que existen pruebas de la existencia en Chile de
un plan para la desaparición parcial de un grupo nacional «a través
de la eliminación selectiva de personas» por razones ideológicas,
étnicas y religiosas y señala que «se desarrolló una acción
criminal terrorista organizada y coordinada en el interior y en el
exterior (Plan Cóndor)» para esta eliminación.
Entre los más perseguidos figuraron los judíos y los miembros de
la etnia Mapuche, mientras que el colectivo de médicos fue un grupo
profesional especialmente perseguido "el diez por ciento de los
facultativos en ejercicio en 1973 fue obligado a exiliarse".
Uno de los instrumentos utilizados para ejercer la represión fue
la Dirección de Inteligencia Nacional DINA "policía del régimen
pinochetista, posteriormente sustituida por la CNA". La DINA,
dirigida por Manuel Contreras, aunque recibía ordenes directas de
Pinochet, utilizaba empresas tapaderas y cuentas bancarias en
varios países, actuó como «mecanismo diabólico de desaparición,
tortura y eliminación de personas dentro y fuera de Chile».
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