Las otras empresas que intentaron hacerse con Calanova testifican que hubo fraude

El responsable de una de las empresas que concurrió dijo haberse sentido «defraudado» en el concurso y que la oferta económica que hizo la empresa ganadora «era insostenible» salvo que se le permitiera incorporar barcos de gran tamaño que entonces no existían y que tampoco figuraban en el plano de los amarres que salió a concurso. En el mismo sentido incidió el director general de otra de las aspirantes: «Nosotros no contamos con esos ingresos porque no se podía hacer».

La cuestión no es tan pacífica entre los funcionarios que intervinieron. Hay dos grupos: los que trabajaban para la Conselleria, bajo el mando directo del secretario general, también acusado, Joaquín Legaza, sí consideran legal lo ocurrido y sostienen que se podía valorar una modificación de los amarres que dependía de unas futuras obras de reforma del puerto.

Sin embargo, los que dependían de Ports de Balears sostienen justo lo contrario. Entre ellos, un ingeniero que elaboró las bases del concurso explicó: «Los amarres no se podían alterar». Testificó que se dieron cuenta de lo ocurrido cuando vieron el proyecto técnico de Port Olimpic que incluyó plazas para yates de 25 metros.

El tribunal escuchó la grabación de lo que declaró una funcionaria durante la instrucción, que emitió dos informes que abogaban por excluir a Port Olímpic. «Yo no lo ví normal. Se tendrían que haber pedido antes informes al Ajuntament de Palma y a Capitanía Marítima»