Bloqueadas las negociaciones entre Sa Unió y Llorenç Córdoba

Esta crisis comenzó a finales de noviembre del año pasado, cuando Córdoba hizo público un mensaje en el que recordaba que su apoyo al Govern de Marga Prohens no era un cheque en blanco. El mensaje hizo saltar las alarmas en el Govern pero también en Formentera, donde Sa Unió dijo desconocer totalmente el por qué de la actitud del presidente insular y diputado autonómico. A partir de ahí, se desencadenó una dura crisis que ha tenido graves consecuencias para el Consell formenterés. Así, tras semanas de acusaciones entre unos y otros, Córdoba decidió cesar a finales de enero al hasta entonces vicepresidente insular y presidente del PP en Formentera, José Alcaraz, al que culpaba de una crisis que, en realidad, había iniciado él mismo.

El cese agravó aún más la situación de bloqueo en la institución pues ambas partes se asentaron en sus posturas y rompieron todo tipo de relación. Desde entonces, el equipo de Gobierno insular y Córdoba ni siquiera mantienen trato directo. Las discrepancias sobre la adjudicación de los quioscos de playa o las grabaciones de Córdoba mostrando su intención de reclamar un sobresueldo al PP y a Prohens han sido capítulos que han ampliado la brecha entre Sa Unió y el presidente del Consell. Este último, se ha rodeado de cargos de confianza mientras que los ocho consellers del equipo de Gobierno trabajan bajo el paraguas de Sa Unió pero, evidentemente, sin el liderazgo que debería ejercer Córdoba en calidad de presidente.

De lo que hay sobre la mesa de negociaciones no ha trascendido nada oficialmente. En Sa Unió prefieren no hacer declaraciones por el momento, con el objetivo de poder seguir negociando «con tranquilidad». Fuentes cercanas a Córdoba aseguran que él tampoco quiere hablar. Sin embargo, varios medios han publicado que el obstáculo para alcanzar un acuerdo es la pretensión de Sa Unió de que el presidente devuelva a José Alcaraz su papel de vicepresidente y las competencias que gestionaba hasta su cese, es decir, las áreas de Promoción Económica y Administración Insular. Una pretensión que Córdoba no parece dispuesto a aceptar.