«La mayoría de los usuarios del banco de alimentos son inmigrantes vulnerables y personas mayores sin recursos», expuso durante su ponencia, en la que destacó la importancia de regularizar a las personas sin papeles: «Veo absurdo que no sean legales pero que, en cambio, estén dados de alta en la Seguridad Social y en el registro de empadronamiento. Deberían tener papeles para que puedan trabajar».
Actualmente, el Banc d’Aliments reparte cinco toneladas al día, casi un 50 % menos que en años anteriores. Esta bajada se debe a que ya no reciben la partida de los fondos europeos. En concreto, han dejado de percibir un millón de kilos.
Ante la duda de cómo funcionará la tarjeta monedero, que empezará a gestionar Creu Roja el próximo año, recordó que los precios de los alimentos siguen subiendo y que esto es uno de los principales problemas que crean vulnerabilidad entre la población más necesitada.
«Gracias a las donaciones privadas de aceite y leche, hemos seguido repartiendo estos dos productos que suelen faltar desde que los fondos europeos no nos distribuyen alimentos», destacó Montis, y avisó de que la situación se complicada cada vez más para inmigrantes, jubilados y el colectivo gitano.
