Marga Prohens, junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes de comunidades de la formación. | David Mudarra

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La presidenta del Partido Popular de Balears, Marga Prohens, firmó este domingo, junto con el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y el resto de presidentes autonómicos la llamada Declaración de Córdoba, en la que, se rechaza la «corrupción del PSOE». La firma de este texto llega después de que se haya conocido que el Govern de Francina Armengol compró mascarillas por valor de 3,7 millones de euros a la empresa de la trama de Koldo García, investigada por la Audiencia Nacional. La Fiscalía europea también ha abierto diligencias ya que estos pagos se realizaron con fondos europeos, por lo que ha habido un supuesto fraude.

La presidenta balear se ha sumado a las peticiones de dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien considera responsable de estos hechos ya que su Govern no reclamó el dinero hasta el último día de su mandato en el Ejecutivo.

La declaración que firmaron Prohens y el resto de presidentes del PP rechaza, además, la ley de amnistía que previsiblemente se aceptará a trámite esta misma semana. Los dirigentes del PP, entre otros Prohens, se comprometen a trabajar por la «igualdad entre españoles» desde la coordinación y colaboración entre autonomías.

Entre las medidas que se plantean impulsar desde las comunidades del Partido Popular, algunas ya se están aplicando en Baleares, como las rebajas fiscales entre las que está el Impuesto de Sucesiones, la gratuidad de la educación 0-3 o avanzar hacia la simplificación administrativa. También se comprometen a poner en marcha en 2025 una EBAU única, pero respetando la autonomía universitaria. El PP exige también al Gobierno que respete al autonomía fiscal de las comunidades autónomas frente al intento de centralismo.

El Parlament debatirá este martes una propuesta de Vox para que se cree una comisión de investigación en Baleares que estudie el caso de las mascarillas que se compraron por 3,7 millones de euros cuando en realidad valían 1,1 millones. El PP no ha desvelado, por ahora, si apoyará esta comisión, pero sus líderes han enfriado esta posibilidad al asegurar que ya se ha creado una en el Senado y además los hechos están siendo investigados por la Audiencia Nacional