Imagen de archivo de un avión Airbus con mascarillas. | Efe

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La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha defendido este martes su gestión y la de su Govern en la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Koldo García, chófer, escolta y asesor del exministro José Luis Ábalos. Pese a ser preguntada en tres ocasiones por quién recomendó la citada empresa no ha respondido. Sí ha dejado claro que «ni a mí, ni a mi Gobierno, nadie nos coaccionó, ni nadie nos dio una orden; y nadie es nadie. Yo he gobernado cuatro años en el Consell y ocho en la Comunidad Autónoma y jamás he dado una instrucción a nadie de mi Gobierno para que contraten a una empresa, porque yo no soy de esas».

Uno de los periodistas la ha pedido directamente si le llamó Ábalos para solicitarle que adquiriese las mascarillas de la empresa Soluciones de Gestión. La expresidenta del Govern balear ha respondido que «nos llegaban propuestas a todos de diferentes empresas, de diferentes personas, pero pensando que todo el mundo lo que quería era ayudar para que la gente estuviera protegida». En este punto, ha asegurado que era «el Servicio de Salud el que se ponía en contacto con las empresas y decidía si se tenía que comprar o no». La socialista ha insistido en que las contrataciones se decidían con criterios técnicos. «Alguien puede pensar que estamos en una trama cuando mandamos a analizar el material y reclamamos el dinero a la empresa. Eso es lo que hay, y por eso, me indigna tanto que se intente mancillar el nombre de mi Gobierno» y ha señalado que si alguien el cualquier administración lo ha hecho que «le caiga todo el peso de la Ley».

Escasez de material

Armengol ha recordado los momentos tan duros que se vivieron en la pandemia y la escasez de material. «Todos competíamos contra todos para comprar a China. Nosotros decidimos comprar material porque queríamos defender a los funcionarios públicos, a los médicos a los policías... porque había bastante escasez de material. A todos los miembros del Gobierno nos llegaban nombres de empresas de diferentes sitios y se enviaban todos al Servicio de Salud, que técnicamente se ponía en contacto con las empresas, analizaba lo que se les ofrecía; decidía el Servicio de Salud técnicamente», ha reiterado.

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La expresidenta ha manifestado «Baleares compró y compró legalmente a decisión de los técnicos del Servicio de Salud, rigurosamente, con todos los contratos hechos e intervenidos por la Intervención General de la Comunidad Autónoma». Además, ha argumentado que «somos islas y necesitábamos aprovisionar material, porque nuestra realidad insular no es la misma que la peninsular de otras comunidades autónomas».

Decisiones técnicas

Armengol también ha explicado que «compramos mascarillas que se nos vendieron como FFP2 y nosotros, la CCAA, compró esas mascarillas porque los técnicos pensaron que era necesario adquirirlas, -estábamos en abril de 2020- con una situación terrible para la ciudadanía. Nosotros lo mandábamos todo a analizar al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, nada que ver con mi Gobierno. Se mandaron las mascarillas a analizar y los resultados nos dice que, no es que sean unas mascarillas malas o fake, sino que no filtran como FFP2 pero que sirven como mascarillas quirúrgicas. Por tanto, se decide, por parte del Servicio de Salud y de los técnicos almacenarlas, porque estamos en pandemia sanitaria y Baleares necesita aprovisionar material».

En este punto, ha explicado que los técnicos analizaron la diferencia de precio entre las mascarillas FFP2 y las quirúrgicas para saber la cantidad económica que se puede reclamar. Armengol, ha señalado que «en pandemia, que dura hasta el 23, tenemos una administración, sobre todo la sanitaria, colapsada», ya que los hospitales estaban llenos, había que vacunar, etc. Además, ha señalado que había funcionarios «haciendo teletrabajo».

Armengol ha justificado que se almacenó el material entero para poder formular la reclamación económica, que «se hace antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo en tiempo y forma» del dinero que se entiende que se debe devolver al Govern; el 6 de julio, día de la sesión de investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern, se formalizó la reclamación.