La consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarellas, y el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, durante la rueda de prensa. | Sabrina Vidal

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Cuando el Govern aceptó la partida de mascarillas investigada dentro del caso Koldo, el avión con el material o «estaba saliendo o estaba en el aire», afirma el director General del IB-Salut, Javier Ureña. Tras analizar las diferentes comunicaciones hechas en aquella época, un correo electrónico deja entrever que éste «era encargo hecho por otra administración», aunque no se sabe cuál sería. Es decir, Baleares estaba aceptando un encargo que previamente había rechazado otra administración por resultar defectuoso.

Ésta es solo una de las irregularidades que ha detectado el actual Govern que este miércoles ha pedido al juez de la Audiencia Nacional personarse en el caso abierto por presunta corrupción. «Con esta petición tendremos acceso a la causa y podremos comprobar su magnitud», ha dicho la consellera de Presidència y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas.

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Sobre si el plazo para investigar este expediente ha caducado o no, Ureña defiende que todavía están a tiempo, pero que sería irrelevante pues de no prosperar la vía administrativa se seguirá con la penal. En cualquier caso, no se renunciará a reclamar en los tribunales el sobrecoste pagado por unas mascarillas que no tenían la protección por la que se adquirieron y que en estos momentos siguen inmovilizadas y caducadas en el almacén central del IB-Salut.

En el punto de mira de la administración está también el dirimir si el anterior Ejecutivo modificó la codificación del material, que previamente ya había detectado como defectuoso, para reclamar su importe a los fondos europeos.