El estudio revela que los 53 polígonos del Archipiélago aglutinan 6.613 empresas que generan una ocupación directa de 53.830 empleados. | Consell de Mallorca

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La Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia ha anunciado este jueves su colaboración con las empresas industriales de las Islas de cara a la elaboración de la futura ley de polígonos industriales. Una normativa que se redactará en base a los datos obtenidos del exhaustivo mapeo que el Govern ha realizado del sector y que, entre otros resultados, arrojan una facturación anual de 10.495 millones de euros, cantidad que representa un 21 % de la facturación de las empresas baleares a nivel global.

El conseller Alejandro Sáenz de San Pedro presentó ayer estos datos en compañía de los principales representantes del sector, entre ellos el presidente de la Federació Balear de Asociaciones Empresariales (FEBAPE), Francisco Martorell.

El estudio revela que los 53 polígonos del Archipiélago aglutinan 6.613 empresas que generan una ocupación directa de 53.830 empleados. El comercio mayorista es el sector con más peso en la facturación, seguido de los servicios administrativos.

«Sabíamos que teníamos este número de polígonos», señaló el conseller para añadir que «hemos ido bajando por capas para identificar sectores y todos los datos necesarios», de manera que, una vez acumulada esa información, «poder ayudar a las empresas a mejorar su hábitat».

Así, Sáenz de San Pedro -que estuvo también acompañado de la directora general de Industria, Ingrid de la Fuente- remarcó que el objetivo no es otro que «poner nombre y apellidos» al sector de los polígonos industriales y «evidenciar con datos su relevancia económica». «Hace falta prestar una atención especial a nuestros polígonos y hemos de tratarlos como son, un puntal del tejido económico de Baleares», aseveró.

En referencia a la futura ley de polígonos, el conseller aseguró que entre los objetivos de la normativa se cuentan impulsar la modernización, innovación y promoción del sector, así como el fomento del asociacionismo y los sistemas de colaboración público-privada.

Por su parte, Martorell reivindicó soluciones para problemáticas «comunes» del sector, como la agilización en las licencias de obras y actividad o mejoras en la movilidad y limpieza. Asimismo, se refirió a la persistente necesidad de mano de obra cualificada «en todos los ámbitos del sector».