La Sindicatura ya hizo el año pasado un primer análisis pero ahora solicitará información adicional para determinar si se hicieron todos los controles para comprobar que las solicitudes se ajustaban a la ley. El Gobierno aprobó una partida de ayudas de 855 millones de euros para que las empresas de las Islas salieran a flote tras la crisis provocada por la COVID. La concesión de las ayudas era prácticamente automática y Balears y Canarias fueron las dos comunidades que cumplieron en un mayor grado las subvenciones. En el caso de Balears, se concedieron el 100 % de estos 855 millones de euros entre más de 11.000 empresarios que las solicitaron.
El problema está en que los empresarios debían justificar después el cobro de estas ayudas, ya sea a través de una declaración responsable ya sea a través de informes de auditores privados y es aquí donde han comenzado los problemas porque muchas no lo han hecho. La Sindicatura quiere comprobar el grado de control de la Administración pública sobre estas ayudas. En el plan de trabajo de este año se asegura que realizará este informe para comprobar los mecanismos de control interno del Govern, así como la intervención de la Agencia Tributaria en el cumplimiento de los requisitos.
La Sindicatura detalla en el documento que ya en 2023 se han hecho actuaciones dirigidas a documentar los sistemas de control. Añade que, en una primera muestra de 289 expedientes se ha comprobado que ha sido necesario solicitar información adicional ante las dudas que presentan muchos de estos expedientes analizados.
Lo que hará por ahora la Sindicatura de Comptes es una especie de informe de legalidad de las ayudas, un actuación al margen de la que pueda hacer el Govern por su cuenta. El equipo de Francina Armengol, que estaba en funciones tras las elecciones del pasado mes de mayo, ya comenzó a remitir un requerimiento a los empresarios a mediados del año pasado para que presentaran documentación complementaria a la ya presentada en su día y que se entiende como imprescindible para que las ayudas queden plenamente justificadas.
El apunte
La entidad revisará si ha habido irregularidades en la internalización de IB3
5 comentarios
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Conozco a un autónomo que cobraba 860€ al mes y sacaba mucho en B teniendo "cerrado".
Tranquilos, los investigados serán los pequeños empresarios y autónomos a los que cerraron el negocio ILEGALMENTE (recuerden las sentencias del Constitucional sobre la ilegalidad de los encierros). A los amigos de los políticos ni se les va a molestar. Y al pringado le harán devolver hasta el último céntimo porque puso una coma mal o falta un papel. Las ayudas fueron un timo como todo. De lo que daban luego el estado cleptómano recuperaba mínimo 25% vía Impuesto Sociedades y en caso de autónomos hasta el 49% vía IRPF. El estado siempre gana. Tito Bernie & Cía. ya saben.
Hace poco alguien comentó en la noticia de Calvià lo de la digitalización y la efectividad sería muy productivo en el gobierno, pero que no interesa porqué mucha gente se iría a la calle. Otro ejemplo es este: ayudas casi automáticas en Baleares y Canarias y ahora a invertir tiempo, personal y dinero para verificar que se cumplieron los requisitos... Vaya perdida de efectividad.
Si eras empresa o sociedad , uno de los justificantes era el posible crédito ico que habías pedido(porque se consideraba que el ico se había destinado a sufragar costes de la empresa),es decir te daban dinero para tapar el ico que habías pedido. Curiosamente si eras autónomo persona física , la ayuda estaba limitada a 3000€. Y el ico lo sigues pagando a día de hoy. Pues bien hay empresas que recibieron cantidades considerables de dinero y que no lo emplearon precisamente en los gastos del COVID o invirtieron ese dinero en otras cosas.A ver cómo lo justifican
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