La Cátedra dr Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas analiza el consumo eléctrico en 2022.

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El número de hogares que gastan menos de la cuarta parte de lo que deberían para cubrir sus necesidades energéticas sigue subiendo en Baleares y se sitúa ya en un 10,7 %, un 0,1 % por encima de la media nacional. Es lo que los expertos denominan ‘pobreza oculta severa’ un concepto estrechamente relacionado con el aumento del coste de la electricidad, pero también con la inflación y con los salarios bajos.

Los ingresos en los hogares son insuficientes para asumir el coste de vida hasta el punto de que 10,7 de cada cien hogares de Baleares pasa frío en invierno y calor en verano, porque no puede permitirse abonar una factura eléctrica mayor. Es importante diferenciar esta situación de la que se da en otros hogares que están en situación de pobreza energética por un exceso del gasto (8,1 de cada 100 hogares en el caso de Baleares).

En el caso de la pobreza energética oculta severa(en la que los hogares consumen menos de una cuarta parte de lo que deberían en climatización) Baleares supera la media nacional pero se encuentra en la franja intermedia siendo Canarias la comunidad autónoma con menor incidencia (un 5 %) posiblemente por ser la región con menos demanda energética per cápita debido a su singularidad climática con inviernos y veranos suaves. Murcia es por contra el territorio con un indicador más alto (un 19 %) seguido de cerca por Andalucía, Extremadura y Comunidad Valenciana (todos ellos en torno al 18 %) a pesar de tener una climatología favorable en invierno.

El número de hogares en riesgo de pobreza energética por un consumo desproporcionado oscila entre el 8,6 % en el País Vasco y el 23,4 % en Extremadura. País Vasco Madrid y Baleares son las comunidades que presentan un menor porcentaje de este indicador en todo el Estado (por debajo de un 9 %). Las comunidades con una mayor incidencia son las de menor renta equivalente.

Todos los porcentajes forman parte del Informe de Indicadores de Pobreza Energética 2022, realizado por la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas que disecciona las tendencias de consumo de electricidad en los hogares españoles dando continuidad a un trabajo iniciado en 2020.

«El 2022 quedará marcado como el de la gran crisis de precio de la energía en Europa. En un mundo que aún se recuperaba de los estragos de la pandemia que irrumpió en nuestras vidas en 2020, la crisis energética se convirtió en un tema central afectando directamente a la vida de todos, pero especialmente a la de los más vulnerables de nuestra sociedad», dice la investigación.

Sus autores consideran esencial evaluar lo que sucedió en 2022 en términos de asequibilidad de la energía. «Esta retrospección nos permitirá entender mejor nuestro punto de partida y, sobre esta base, desarrollar respuestas efectivas para abordar los desafíos presentes y futuros», dicen los expertos de la Cátedra de Energía y Pobreza.

En líneas generales el escenario es devastador a nivel nacional y también en Baleares. «Ofrece una perspectiva de pobreza energética que no puede verse con optimismo. Se observa un empeoramiento o estabilización en todos los indicadores salvo en uno, que muestra una cierta mejoría: el gasto basado en el ingreso mínimo standard. El incremento extremo de los precios ha consolidado tendencias de reducción del gasto que, por otro lado, parecen haber sido compensadas solo parcialmente por el estudio social», dice el Informe de Indicadores de Pobreza Energética 2022.

El escudo social al que se refiere el trabajo abarca un amplio conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno de España para mitigar el impacto de la crisis en los pequeños consumidores. Son, entre otras, la reducción del IVA de la factura eléctrica, la rebaja del IVA del gas natural, la suspensión del impuesto sobre la generación de la electricidad, la llamada excepción ibérica o tope de gas en el mercado mayorista, el fomento de iniciativas de eficiencia energética y autoconsumo y en el caso de las familias más vulnerables la ampliación del bono social eléctrico, el bono social térmico y la prohibición de desconexión de los consumidores vulnerables hasta diciembre de 2023.