Estas ayudas, procedentes de fondos europeos, suman 500 millones de euros (más 20 millones en remanentes) para todo el Estado y son gestionados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), dirigido por el mallorquín Joan Groizard y dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.
Los doce gobiernos autonómicos del PP han planteado un conflicto con el IDAE al considerar que los procesos administrativos para tramitar estas ayudas son muy complejos y piden una simplificación. Desde la Conselleria d’Energia se asegura que «el IDAE se comprometió a crear una comisión para valorar las propuestas de Baleares y no lo ha hecho». La Conselleria atribuye el bloqueo administrativo de expedientes de la pasada legislatura a esta complejidad y por ello pide una simplificación de los procedimientos.
Realmente, el plazo que tenían las comunidades autónomas para solicitar las ayudas finalizó el pasado 15 de noviembre, pero el IDAE concedió un margen hasta el 7 de diciembre, este jueves. Consultada la Conselleria sobre esta circunstancia, fuentes del departamento autonómico han respondido que se solicitarán las ayudas «si se producen los cambios propuestos», cosa poco probable con un día de margen, siendo este miércoles el festivo de la Constitución.
Cabe decir que el resto de comunidades, incluidas Cantabria y la Comunitat Valenciana (ambas gobernadas por el PP), sí han solicitado las ayudas. El IDAE ha hecho saber a las comunidades que si no solicitan las ayudas en plazo, se entenderá que han renunciado a las mismas. «Todavía tienen tiempo para solicitarlas», señalan fuentes del organismo estatal.
Para el IDAE, las exigencias de simplificar los procedimientos carecen de fundamento porque, hasta ahora, todas las comunidades han solicitado, agotado y ampliado ayudas precedentes sin objeciones ni cambios. Asimismo, recuerda que hay comunidades que ya han resuelto todo el presupuesto disponible y que se pueden establecer procedimientos adaptados y simplificados. Finalmente, las mismas fuentes apuntan que «renunciar a estos fondos supone, en la práctica, dejar sin ayudas a miles de ciudadanos y echar el freno en el desarrollo del autoconsumo».
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En Baleares siempre lo peor para el ciudadano, tanto si gobierna el PP como el papa.