La comunidad denunciante es un conjunto residencial de lujo en Santa Ponça. | PAM

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La comunidad de vecinos de un residencial de lujo en Santa Ponça reclama una condena de 17 años de cárcel para su antiguo presidente al que acusa de una estafa continuada que causó un perjuicio de más de 150.000 euros a los propietarios. La Fiscalía rebaja lo ocurrido a una falsedad documental y a un intento de estafa y fija la petición de condena en dos años de cara a un juicio que se celebrará la próxima semana en la Audiencia Provincial.

La acusación particular sostiene que el presidente,entre los años 2014 y 2018 creó una serie de empresas para contratarse a sí mismo distintos trabajos que había que llevar a cabo o que él mismo imponía en el complejo. Para los actuales responsables de la comunidad, el acusado lograba tener una mayoría aplastante de votos, que llegó hasta el 84 por ciento. Aprovechaba que una buena parte de los propietarios residen en el extranjero y se ganó su confianza para cuidarles las casas y que delegaran en él sus votos en las juntas de propietarios.

Así, esta acusación sostendrá en el juicio que los contratos que el presidente se otorgaba a sí mismo implicaban un sobrecoste de un 110 por ciento de media. Ocurrió en una serie de obras que se llevaron a cabo y que encargó el presidente tras aprobarlas en juntas en las que tenía mayoría como la construcción de varios muros, una celosía o dos casetas de aperos. Estas últimas fueron más tarde declaradas ilegales por el Ajuntament de Calvià al construirse sin licencia.

Falsedad

La Fiscalía y la acusación coinciden en un delito de falsedad documental en torno al contrato de la persona que trabajaba a la vez de portero, paisajista y personal de seguridad en la finca que fue más tarde despedido por la comunidad y repescado por el acusado, según las acusaciones con un sueldo de más de 80.000 euros.

La defensa del acusado niega en su calificación cualquier tipo de irregularidad. Sostiene que existe un conflicto en la comunidad entre el anterior propietario y el nuevo y que, toda la gestión del ahora acusado fue llevada a cabo a través de un profesional de la administración de fincas y que la empresa que le atribuyen, en realidad se había creado años antes de que fuera nombrado presidente.