Un hombre mayor y solo, sentado en una calle de Palma. | Jaume Morey

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El principal problema al que se enfrenta la Conselleria de Família i Afers Socials es la larga lista de espera para valorar o revisar una discapacidad. Según las últimas cifras publicadas, el tiempo de espera medio es de 17,5 meses, más de un año y cuatro meses, y hay cerca de 9.540 en la ya histórica lista para ser valorado.

Por este motivo, la consellera Catalina Cirer ha advertido en la presentación de las cuentas de su cartera para el próximo ejercicio que ya se ha firmado un convenio con el IB-Salut por valor de 87.000 euros, por el que se ofrecerá el pago de horas extra a los médicos de la sanidad pública para que puedan dedicarse a hacer este tipo de valoraciones.

Como bien es sabido las listas de espera son altas porque es labor de los facultativos el dar el visto bueno a una discapacidad pero la falta de médicos también afecta a este departamento y son insuficientes para cubrir una demanda que, por la situación sociodemográfica, también ha crecido. Si bien la respuesta de la exconsellera Fina Santiago pasaba por buscar a otros perfiles para hacer las valoraciones, Cirer ha optado por incentivar a los médicos para hacer esta labor más atractiva.

La dirección general de Atenció a la Dependència es, de hecho, el área que goza de un mayor incremento presupuestario, y dispondrá de 175,5 millones de euros, 13 más que los 162 de este ejercicio.

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Más allá del plan de choque para la discapacidad pero en relación a las medidas para la dependencia, las cuentas de 2024 también contemplan la gestión de la historia social única, que «permitirá disponer de un historial digitalizado y repercutirá en la mejora de la calidad para los ciudadanos», ha dicho Cirer, en la presentación a los grupos parlamentarios. La puesta en marcha de la historia social permitirá también estudiar la viabilidad de una tarjeta social única.

Por otra parte, la dirección general con mayor dotación económica es la de Afers Socials que gestionará 97,2 millones de euros y que prevé aumentar el servicio de ayuda a domicilio y las plazas diurnas, y mantener la dotación para el complemento autonómico de las prestaciones no contributivas, PNC, y de la renta social garantizada que contará con 38 millones de euros, «siendo un crédito ampliable si hay necesidad o sube mucho el Ingreso mínimo vital», ha señalado.

Por otra parte, se prevé una convocatoria extraordinaria de garantía alimentaria «para adaptarnos a la incertidumbre de la decisión de Europa de eliminar la distribución de alimentos el próximo abril 2024. Tenemos 100.000 euros para lo que pueda pasar», ha indicado Cirer.

Respecto a las infraestructuras previstas, «tenemos proyectos propios pero hay que esforzarse en los que se financian con fondos europeos porque están muy atrasados y si no cumplimos plazos habrá que devolver el importe más los intereses». El ejemplo lo puso con la residencia de Son Martorell, porque «en 2018 se presentó el diseño arquitectónico, debía funcionar en mayo de 2020 pero todavía estamos pendientes de que acabe».