Crisis de liquidez en los ayuntamientos de Mallorca ahogados por la inflación

De manera excepcional y debido a la pandemia el Gobierno central dejó en suspenso en el otoño de 2020 la citada ‘regla de gasto’ y flexibilizó las condiciones para consumir el remanente bancario. Tres años después, con el Gobierno central en funciones, los ayuntamientos miran de nuevo a Madrid temiendo lo que pueda pasar. Buena parte de las inversiones proyectadas (a financiar con sus remanentes) acumulan retrasos y se pueden encontrar en la situación de que para cuando lleguen las facturas el dinero del banco de nuevo no se pueda tocar. Corren contrarreloj ahogados por la inflación y la falta de liquidez.

«Con la inflación y con los presupuestos como están en estos momentos no prorrogar esta medida nos colocaría en una situación muy complicada a la mayoría de ayuntamientos. Prácticamente todos los proyectos que tenemos en marcha de dos años para acá han visto aumentadas sus partidas para poder ser ejecutados. Muchas subvenciones no podríamos ejecutarlas sin incorporar remanentes para completar el coste económico debido al alza de los precios. Por eso entiendo que no solo es un tema de oportunidad sino de necesidad. Sin los remanentes podríamos entrar en un colapso económico», explica el alcalde de Selva y presidente de la Mancomunitat del Raiguer, Joan Rotger.

La de Rotger es una visión compartida. La mayoría de alcaldes y alcaldesas de Mallorca comparten su preocupación. «Si no se prorroga la medida tendremos un problema gordo. Hay mucho dinero comprometido de obras a punto de licitar o que están en este momento en trámite», explica el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo. Sobre el papel la suspensión de la regla de gasto no solo no ha mermado sus ahorros bancarios sino que la cantidad de dinero que tienen en el banco se ha incrementado en 6 millones de euros, pero la realidad es que buena parte de ese dinero está «comprometida» y podría pasar que cuando llegue el momento de pagar el remanente no se pueda tocar.

En el caso concreto de Santa Margalida el remanente de tesorería era de 18,6 millones de euros en 2019 y en 2022 cerró el ejercicio con 24,4 millones en el banco. «Si no se hubiera suspendido la regla de gasto la cantidad del remanente bancario aún habría subido más. Hemos gastado ya tres o cuatro millones de euros de remanente, pero los que están comprometidos en diferentes obras (algunas que dependen de subvenciones de Europa) aún no han salido», advierte Monjo.

El retraso de las administraciones supramunicipales a la hora de pagar las subvenciones a los ayuntamientos tampoco ayuda con la liquidez. Toni Salas, alcalde de Costitx y presidente de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) explica: «Ahora pasa una cosa muy extraña. A los ayuntamientos nos ha ido muy bien la suspensión de la regla de gasto, pero nos estamos descapitalizando. En estos momentos tengo 700.000 euros al aire pendientes de cobro. La liquidez va mal. Estamos invirtiendo mucho. Te subvencionan proyectos (con la ecotasa, fondos Next Generation...) y te metes y luego tardas en cobrar».

Porreres es uno de los municipios en los que sí se nota una merma de los ahorros bancarios. Cerró 2020 con 2,9 millones de euros y a día de hoy tiene unos ahorros de 1,7 millones de euros. La alcaldesa Xisca Mora avisa de lo que puede pasar si no se prorroga la regla de gasto. «Ahora la inflación hace que las empresas constructoras después de hacer una obra pública nos presenten una reclamación de incremento de precios y eso supone que tenemos que hacer una aportación extraordinaria de presupuestos. Si no podemos coger ese dinero de los remanantes un municipio tan pequeño como el nuestro con un presupuesto tan cerrado, no podrá pagar», dice.

Los alcaldes acusan si cabe aún más los problemas de liquidez este verano por la gratuidad de de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. «Hemos tenido que adelantar el dinero que antes pagaban los padres que se suma a los 92.000 euros que ya pagábamos por la gestión a la cooperativa. Estamos ahogados», reflexiona Mora. «Si no prorrogan la suspensión de la regla de gasto el año que viene no podremos cerrar el presupuesto», concluye.

Aunque la mayoría de ayuntamientos de Baleares tenían sus cuentas saneadas cuando se aprobó la 'Ley Montoro', en plena crisis económica, los hay que arrastraban demasiada deuda y fueron intervenidos. Para ellos la normativa es aún más inflexible. Así lo explica la alcaldesa de Montuïri, Paula Maria Amengual: «El remanente del ejercicio 2020 era de 4.8 millones de euros y el de finales de 2022 de 1.9 millones de euros. La suspensión de la regla de gasto me parece una buena medida, ahora bien, a nosotros no nos afecta ya que somos un ayuntamiento intervenido (aún arrastramos deuda) con lo cual, tenemos unas reglas fiscales específicas que no nos permiten usar el remanente para hacer inversiones».

Estabilización del personal laboral

Por si la inflación y los problemas para licitar obra oública no fueran suficientes, la estabilización del personal laboral abre ahora un nuevo 'melón' en los municipios. «De los alrededor de 4,3 millones de presupuesto anual que tenemos en el Ajuntament solo la partida de personal ya se come 1,3 millones de euros y cada vez podemos destinar menos a inversión pública. La partida de personal este año crece además por el proceso de estabilización del personal laboral y hay que ponerle todos los complementos que antes solo cobraban los funcionarios», explica la alcaldesa de Porreres Xisca Mora.

Baleares abanderó durante casi una década la lucha de los municipios de España por una autonomía fiscal y financiera. El de Alcúdia era el ‘peor parado’ de todos los municipios de Mallorca con más de 90 millones de euros inmovilizados en el banco y sus ahorros no paraban de crecer. Irónicamente la ‘regla de gasto’ impedía al pueblo ‘más rico’ de la Isla reforzar los servicios de limpieza, la plantilla policial o financiar la construcción de grandes infraestructuras municipales a pesar del aumento continuo de población. Por si esto no fuera suficiente las entidades bancarias decidieron comenzar a cobrar intereses por la custodia de sus fondos. La situación ya era insostenible cuando llegó la COVID-19.

Para sorpresa de muchos, los ahorros bancarios de Alcúdia no solo no han bajado con la suspensión de la regla de gasto sino que se han disparado aún más. El anterior equipo de gobierno justificó la inactividad en la falta de personal suficiente para hacer los pliegos de condiciones de los proyectos que quería ejecutar con cargo al remanente. La nueva alcaldesa de Alcúdia Fina Linares pisa el acelerador para no perder la oportunidad. «Tenemos doce proyectos con un valor total de 8,7 millones de euros que el Ajuntament d’Alcúdia ha presupuestado cada año desde 2021 y que no se han llegado a ejecutar. Ahora vamos contrarreloj», dice. «La licitación de la reparación y restauración de la torre del campanario de la fachada del ayuntamiento ya ha salido a licitación, en breve (una semana más o menos saldrá a licitación las obras de la construcción de los 6 balnearios de la playa, las obras de pavimentación de la calle Castellet empezaron el 16 de agosto hace una semana firmamos el inicio del expediente para la reforma del cementerio y más o menos durante el mes de septiembre saldrá la licitación de las obras del pavimento de los accesos a la playa. En septiembre u octubre el asfaltado de caminos rurales y todos los demás proyectos irán después», añade Linares.

En el Ajuntament de Marratxí el remanente ha crecido 4,6 millones de euros en los últimos dos años pasando de 36.6 millones de euros en 2020 a 41,2 millones de euros al cierre de 2022. En Palma el incremento ha sido de 18 millones de euros en solo un año pasando de 132,6 millones de euros en 2021 a 150,5 millones de euros en el cierre del ejercicio 2022.

«De cara a 2024 y siguientes los remanentes de los ayuntamientos no se deben tocar porque pertenecen a los ciudadanos y ciudadanas de cada pueblo. Cada municipio ha de poder gestionarlos según sus necesidades y demandas municipales. Los remanentes se deben utilizar para prestar servicios públicos o hacer inversiones en cada municipio y resultaría del todo inaceptable que el Govern central quisiera controlarlos o tocarlos», dice la nueva alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler.

Muro es uno de los municipios que más ha apurado su remanente económico. «En estos momentos más o menos tenemos un colchón de 700.000 euros en el banco que nos permiten financiar el día a día. Estos últimos años hemos invertido buena parte de los ahorros para financiar obra pública. La inversión más grande (de 1,4 millones de euros) ha sido la construcción de una nueva escuela infantil de 0 a 3 años», explica su alcalde Miquel Porquer.

El regidor de Hacienda de sa Pobla, Joan Pérez, es el único que describe una situación diferente al resto: «Tenemos entre 400.000 y 800.000 euros de liquidez. Es una magnitud económica que podemos gastar, o no». «Realmente nos afecta poco la suspensión de la regla de gasto porque tenemos una liquidez de andar por casa. Aquí no ocurre como en Alcúdia que tiene 90 millones de euros en el banco o las Palmas que tenía 200 millones de euros de los contribuyentes que no podía gastar en bienes y servicios», opina.

El nuevo alcalde de Campanet, Guillem Rosselló explica cuál es la clave para poder invertir en los municipios pequeños: «Para un ayuntamiento pequeño es difícil redactar proyectos con celeridad. Nosotros acostumbrábamos a tener una cartera de proyectos redactados para cuando llegaba una subvención». «Pienso que no volverán a poner la regla del gasto porque los que gobernamos (me consta que también lo hacía el anterior equipo de gobierno) miramos de contener gastos y tenemos claras cuáles son las prioridades», añade.

Maria de la Salut tiene 1,2 millones de euros de remanente bancario en este momento. «Espero que se prorrogue esto de poder utilizar los fondos del remanente bancario porque si no, estamos listos», dice su alcalde Jaume Ferriol.