Marga Prohens, durante su visita al Banc d'Aliments. | Pilar Pellicer

TW
34

Marga Prohens presidenta del Govern, se ha mostrado este miércoles especialmente crítica con la situación de la planta de hidrógeno de Lloseta, inactiva desde su inauguración debido a un problema técnico. «Se vendió como un acontecimiento histórico cuando el propio distribuidor avisó del fallo. Es preocupante y demuestra que la sostenibilidad no puede ser una bandera o un eslogan sin que detrás haya nada. La apuesta renovable no puede ser una farsa», ha lamentado Prohens durante su visita al Banc d'Aliments.

La inauguración de la planta de hidrógeno atrajo numerosas autoridades territoriales pero también estatales, como las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Industria, Reyes Maroto. Se trata de un proyecto pionero en Europa que ha costado 50 millones de euros.

La anterior presidenta del Govern, Francina Armengol, anunció del retraso de la producción de hidrógeno ya que en ese momento, según justificó el equipo socialista, no había «nada» para utilizarlo. Fue en enero de 2023 cuando empezaron a anunciarse los cinco autobuses de la EMT que funcionarían con esta renovable. Pero Prohens se pregunta ahora por qué el Govern anterior «hizo creer a los ciudadanos que funcionaban con hidrógeno verde de Lloseta». Además, ha apuntado que «se invirtió más de un millón de euros en cada autobús, así que hay suficiente peso para que los responsables anteriores puedan dar explicaciones».

Noticias relacionadas

El PP ha anunciado que este proyecto «estratégico» no se quedará en el olvido. El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz, está llevando a cabo reuniones con la empresa responsable (Accelera) para «dar soluciones lo antes posible».

Infracciones

El actual Govern abundó en sus críticas al anterior ejecutivo asegurando que ha encontrado unos 13.000 expedientes de energía renovable paralizados en la anterior legislatura, y otros 5.000 con infracciones medioambientales por «una mala gestión», según ha avanzado la presidenta, Marga Prohens. En este sentido, culpa a los socialistas de no percatarse que estos expedientes «estaban caducados».