1 de 2 | Magdalena Moragues recoge el premio con un gesto a su marido.

Emoción

2 de 2 | María Antonia Orell, galardonada, el fiscal usperior Julio Cano; la viuda de Jaime Bueno, Magdalena Moragues, Martín Aleñar, la delegada del Gobierno, Aina Calvo y Bernat Feliú.

Reconocimiento
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Víctor Malagónpalma12/07/23 19:46
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«Es como un consejo para los nuevos. Es una profesión muy bonita. Vale la pena luchar por la justicia y para lograr un mundo más justo. Cada vez que se consigue reconocer un derecho a alguien es lograr un mundo un poco más justo», Magdalena Moragues, viuda del abogado Jaime Bueno, recogió ayer en su nombre el premio a la Ética Jurídica del Colegio de Abogados. Menos de un mes después del fallecimiento del premiado, un abarrotado salón de actos del Colegio se puso en pie en un acto cargado de emoción. «Jaime fue el abogado de las causas perdidas y el defensor de los que no tenían defensa», expresó su compañero, Alejandro Juárez.

El acto fue un reconocimiento a la figura de un abogado comprometido con los Derechos Humanos, con la defensa de inmigrantes y trabajadores. Juárez destacó: «Nos enseñó que el Derecho es un instrumento para conseguir la justicia social. Nos daba igual cobrar solo cuando se puede y a quien se puede o que hubiera que sacarle a rastras del despacho para que justificara facturas o fuera al banco. Todos sabíamos que con él, en ocasiones, podíamos emocionarnos con el proceso de hacer justicia».

La responsable del turno de oficio en el Colegio de Abogados también destacó de él: «Es la persona con la que siempre puedes contar» y narró su implicación con la defensa de inmigrantes cuando comenzó la oleada de pateras. También su labor en la comisión del turno de oficio y en la de Derechos Humanos del Colegio.

En el mismo acto también se reconoció la labor de dos abogados por su compromiso con el turno de oficio: Bernat Feliú y María Antonia Orell. El primero destacó: «La abogacía de oficio es el mejor ejemplo de la función social de nuestra profesión». El decano, Martín Aleñar, reclamó una respuesta política a los problemas de la Justicia y, en concreto al turno de oficio.