El exalcalde de Ibiza niega maniobras políticas en el 'caso Puertos'

Ruiz también ha minimizado su intervención en las decisiones más controvertidas de esa adjudicación: la inclusión de una cláusula que premiaba en 'arraigo' y la decisión de poner en marcha una concurrencia de proyectos y uno un concurso abierto. Aseguró que no participaba en esas decisiones, que venían de la dirección de la Autoritat y que contaban con criterios técnicos y jurídicos favorables.

Ruiz compareció como imputado dado que era miembro del consejo de administración de la entidad y en la causa se intervinieron varias llamadas telefónicas en las que defiende la necesidad de que el Club Naútico se haga con la adjudicación. En su declaración admitió la existencia de una demanda social para que la entidad, con más de un siglo de antigüedad, mantuviera la gestión del puerto deportivo. Explicó, en la misma línea que otros de los testigos e imputados que han comparecido en esta causa que el temor era que la irrupción de una empresa privada disparara los precios de los amarres y expulsara a la población local, como había ocurrido en otros casos. Sobre las presiones políticas no fue interrogado por el papel de otros cargos públicos, como el de la expresidenta del Govern, Francina Armengol.

Antes que Ruiz declararon, si bien como testigos, tres antiguos altos cargos de Puertos del Estado, entre ellos su expresidente, José Llorca, además de los máximos responsables jurídicos de la entidad, José Antonio Morillo y Álvaro Sánchez Manzanares. Estos han explicado, a preguntas de la magistrada, el procedimiento de adjudicación que se empleó en el caso de Ibiza y que se ha replicado en otros puertos. Defienden la legalidad y transparencia de la concurrencia de proyectos, que no incluye un concurso abierto. En el caso de Ibiza se presentó, además del Náutico, la empresa 12 Millas, que aquí ejerce la acusación particular.

La magistrada del 'caso Puertos' mantiene desde abril de 2020 el grueso de la causa bajo secreto de sumario. Salvo esta pieza de Ibiza y otra de Menorca, el resto esperan al análisis de la documentación que se incautó en el registro de la Autoritat Portuària en julio de ese año.