Construcción de viviendas. | Europa Press

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La Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (Abini) ha cuestionado este lunes que se puedan construir 14.000 viviendas de Protección Oficial (VPO) en las Islas «a la velocidad necesaria para solventar la falta estructural de vivienda a precio asequible en Baleares» y ha asegurado que «harán falta 85 años» para generar todos estos inmuebles.

En un comunicado, el presidente de Abini, Hans Lenz, ha considerado que se podría llegar a esta cifra durante las próximas tres legislaturas. «Con el ritmo de construcción actual de 1.300 viviendas públicas desarrolladas en ocho años se tardará más de 85 años en poder cumplir el anuncio de construir 14.000 viviendas de protección», ha dicho.

Además, ha apuntado que Baleares tiene un 0,4 % de su parque de vivienda destinado a alquiler social cuando la media europea está situada en el 9,3 %, por lo que ha declarado que «a la velocidad» que se va se tardarán «casi 250 años para producir las 40.000 viviendas de alquiler a precio tasado» que hacen falta.

«Con estas cifras, cualquier estimación a futuro del coste de compra o alquiler de una vivienda social se convierte en una absoluta quimera. Además, debemos añadir un crecimiento adicional de población de 300.000 habitantes hasta el 2037 pronosticado por el INE. Sin una fuerte inversión ligada a una actuación diligente y coordinada, esto se nos va completamente de las manos,» ha lamentado Lenz.

Por todo ello, han asegurado dar «poca credibilidad» a los anuncios de 14.000 viviendas. «En Palma, el 90-95 % de las VPO saldrá de suelos urbanizables o unidades de actuación que están atascados, a veces desde hace décadas, en tramitaciones urbanísticas interminables y extremadamente complejas. Suponiendo que el Plan General y Plan de Ordenación Detallado se aprueben en breve, sabemos que se tardará fácilmente cinco años para la aprobación de los planes parciales o unidades de actuación necesarios para generar las urbanizaciones. Posteriormente, habrá que sumarle como mínimo un año y medio más para la obtención de la licencia para el edificio y otros dos años para el inicio y acabado de la obra. Con estos plazos, fácilmente habrá que esperar entre ocho y diez años para que Palma ponga a disposición la cartera de vivienda social que se anuncia en el paquete de 14.000 viviendas sociales», ha ejemplificado.

En referencia a diferentes urbanizaciones a desarrollar en Palma -como las de Son Bordoy o Son Busquets, entre otras- han destacado que estos suelos «llevan bloqueados 15-20 años por el Plan Territorial o por los Planes Generales y falta de voluntad política para sacarlos adelante».

Tras criticar los «embudos administrativos», Abini ha propuesto la redacción de un Decreto de Emergencia Habitacional y Reserva Estratégica de Suelo con la finalidad de generar vivienda asequible a residentes. Para ello, piden establecer planes de desarrollo de vivienda pública y asequible en colaboración público-privada.

«Es totalmente imposible que la administración pueda sacar esto adelante sola y el ritmo actual de 162,5 viviendas sociales por año así lo atestigua», han argumentado.

En este sentido, han recordado que el Govern de Francesc Antich impulsó la Ley 5/2008 de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo para viviendas de protección pública, decreto que, según explican, conllevó «un aumento de edificabilidad para favorecer la producción de vivienda social ligado a una tramitación veloz que consiguió sortear los embudos y limitaciones administrativos». «Si queremos ser eficientes con el poco suelo que tenemos, este es sin duda el camino a seguir», añaden.

Por último, Lenz ha considerado indispensable la colaboración de los Ayuntamientos «ya que sin ellos es inviable que se puedan poner en marcha la construcción de las 14.000 viviendas que anuncia el Govern». «Si los Ayuntamientos no cumplen con su obligación de generar la vivienda social estos suelos deberán pasar de forma urgente a manos del Govern o pasar obligatoriamente por un proceso de desarrollo en régimen de colaboración público-privada», ha señalado.