«Es importante la voluntad que tiene la UIB de arraigar en el territorio»

¿En qué fase se encuentra la LOSU y por qué ha tenido una tramitación tan larga?

—El pasado miércoles fue aprobada por el Senado con enmiendas y regresará al Congreso. El 9 de marzo será aprobada definitivamente. En Semana Santa estará en vigor.
Sí ha tenido una larga tramitación porque debe tener en cuenta legislación europea, competencias autonómicas y la propia autonomía universitaria. Conseguir un equilibrio no ha sido nada fácil.

¿Qué aporta la nueva ley? ¿Cuáles son sus objetivos?

—La ley anterior Ley Orgánica de Universidades, LOU- es de 2001. Todo ha cambiado mucho desde entonces. En ese momento había una gran mayoría de universidades públicas, las competencias autonómicas en universidades empezaban, la realidad tecnológica era muy diferente, la realidad demográfica del grupo de edad 18-23 años era también distinta -era creciente, ahora es decreciente- y la nueva ley presta una especial atención a la formación continua. Las universidades ya no pueden ser para una edad, sino para todas las edades Y a todo ello hay que añadir que en los últimos 20 años la investigación ha ganado mucho peso en la actividad universitaria.

También tenemos un personal docente con una media de edad avanzada, por decirlo de algún modo.

—En ocho años se habrá jubilado el 53 % de los profesores permanentes. Igualmente, hay que conseguir que toda la investigación que se hace en la universidad tenga capacidad de transferencia hacia la sociedad. Es decir, que tenga efectos a nivel local, territorial, empresarial, que tenga conexión con la sociedad. Otro proceso a tener en cuenta es la internacionalización y el ámbito universitario europeo. La política europea es ahora política interior. Se están creando universidades europeas y alianzas entre universidades. La movilidad de los estudiantes es cada vez mayor. El programa Erasmus ha movilizado 13 millones de alumnos en 35 años. Otra cuestión que ponemos en marcha son las microcredenciales, cursos voluntarios de corta duración para el reciclaje, y los doctorados industriales en el marco de empresas, entidades o administraciones. Se trata de doctorados no sólo teóricos, sino aplicados. Para las microcedenciales se destinan 50 millones de euros. Las universidades deberán presentar sus propuestas.

¿Y que prevé la ley en cuanto a financiación, tasas y becas?

—Ahora estamos recuperando el nivel de financiación pública de 2008. Desde 2009, la financiación pública de las universidades ha bajado, lo que ha provocado el incremento de tasas y la rebaja de las condiciones laborales, con más profesores asociados y más precariedad y temporalidad. Llegar a cierta estabilidad laboral es un proceso largo. Por otra parte, esta misma semana se han aprobado 2.500 millones de euros para becas universitarias, lo que permitirá que uno de cada tres alumnos tenga acceso a estas ayudas. Los estudiantes que estudien fuera pasarán de recibir 1.600 euros a 2.500. Además, actualmente, el 70 % de las becas se cobra al año de solicitarlas. El objetivo es que se cobren al final del año en curso en que se han solicitado. Y con la nueva ley, las tasas, de competencia autonómica, no podrán aumentar. Se podrán mantener o reducir, pero no incrementar. Así democratizamos la universidad.

¿El objetivo de destinar el 1 % del PIB a las universidades está atado?

—Ahora estamos en el 0,7 % del PIB. El 1 % del PIB está garantizado, pero no será finalista, pues serán las comunidades autónomas las que decidirán si el dinero que reciban para universidades lo destinan realmente a ese objetivo.

¿Y cómo afecta todo eso a las universidades privadas?

—El número de universidades privadas ha aumentado de manera importante. Desde 2001 han pasado de 17 a 41 frente a 50 públicas. Lo que la ley establece para las privadas es un mínimo de docentes, un mínimo de inversión en investigación y que tengan una amplia oferta académica. Es decir, no limitarse a determinadas materias. Hay universidades privadas de larga trayectoria y tradición, pero lo que no pueden hacer otras es ser un simple negocio. Por ello, la nueva ley garantiza que cumplan con unos mínimos de calidad.

¿El boom de la FP, con su alto nivel de inserción laboral, es una amenaza para la universidad? ¿Hemos llegado a que unos progenitores recomienden a sus hijos estudiar FP y no ir a la universidad?

—En España tenemos un déficit en la educación intermedia y hay que potenciarla. Nuestros niveles de educación superior son similares a los europeos. Lo que tenemos que conseguir es que entre la universidad y la FP existan pasarelas, que cada una de estas formaciones tenga salidas y conexiones con la otra. No lo veo como una cuestión de competitividad, sino de complementariedad.

¿Qué valoración le merece la UIB?

—Viendo sus datos, he observado que, con unos 15.000 estudiantes, tiene muchas más alumnas que alumnos. Me parece muy importante su voluntad de arraigo en el territorio. En el ministerio estamos haciendo un estudio sobre el peso de cada universidad en el PIB de su territorio. El ranking de Shanghái puede ser importante, pero el porcentaje en el PIB de cada universidad y la relevancia que tiene en su espacio también lo son. Igualmente, he detectado que en Balears pervive una cierta tendencia a estudiar fuera de las Islas. En determinadas materias, como turismo o medio ambiente, la UIB tiene una significación muy clara.

La UIB prevé los nuevos grados de Ciències de la Mar, Farmàcia y Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

—En efecto. Todo ello está en marcha y también el incremento de las plazas de Medicina, una de las cuestiones que quiere impulsar el Ministerio de Sanidad. Para ello va a invertir 52 millones de euros en que las facultades de Medicina incrementen su oferta de grado en un 15 %.

En Medicina, ¿más plazas de grado o de MIR? Éste era el debate.

—Más plazas de grado. Hay más oferta de MIR que de graduados en Medicina, en algunas especialidades más que en otras.

¿No se ha abusado de la figura del profesor asociado?

—Sí. Este tema nos preocupa. Era una figura muy bien pensada porque se pretendía aprovechar la experiencia de profesionales externos que querían compatibilizar su actividad con la docencia. La verdad es que esta figura se ha ido pervirtiendo y se ha abusado de ella precisamente por la falta de financiación. En la UIB hay un porcentaje importante de asociados, pero no es de los más altos. La nueva ley da un plazo hasta finales de 2024 para convocar concursos, reconociendo los méritos de docencia y la antigüedad de los asociados con un contrato indefinido para que así puedan iniciar, si quieren, una carrera académica. Un 30 % de los asociados ya son doctores. Así podremos reducir los falsos asociados y su precariedad.